13. Luchas por la Inclusión

Centro de refugiados cubanos, Miami, FL
Centro de refugiados cubanos, Miami, FL

Exigir igualdad política y no aceptar nada menos: la lucha de los latinos por la integración política

Louis DeSipio

 

En el último siglo y medio, diversas comunidades latinas se han movilizado para exigir su inclusión ciudadana y política, un proceso que también ha facilitado la formación de una identidad política pan-étnica. Aunque ha habido avances continuos, la búsqueda por la equidad y la plena inclusión en la sociedad continúa existiendo. El hecho de que siga aumentando tanto la población latina como sus necesidades y que este crecimiento a menudo se vea como un desafío para la mayoría de la población, demuestra que los latinos seguirán políticamente comprometidos con la búsqueda de una total representación política en las próximas décadas.

La política latina contemporánea tiene como referente a anteriores generaciones que han luchado por su inclusión política y social. Estos esfuerzos se han organizado en torno a una coherente serie de demandas –que convierten la actual lucha de los latinos para la integración ciudadana y política en una característica de los Estados Unidos (EE.UU.)– para conseguir igualdad de derechos y poder participar en la sociedad estadounidense de manera equitativa, independientemente de la raza o el origen étnico. Al mismo tiempo, al igual que otras comunidades étnicas/raciales que se construyen en gran medida como resultado de la inmigración, los latinos, y especialmente los inmigrantes latinos, han tratado de mantener los lazos transnacionales con sus comunidades y países de origen. Este actual transnacionalismo entre algunos inmigrantes no ha disminuido los esfuerzos latinos por lograr su inclusión en la política estadounidense. Por el contrario, la acción transnacional a menudo facilita las habilidades y los contactos que se suman a los recursos para exigir su integración en los EE.UU.

En el presente ensayo, me centraré principalmente en los mexicano-americanos y sus organizaciones, sobre todo en la discusión acerca de la historia de los esfuerzos de los latinos por conseguir su inclusión. Los mexicano-americanos estuvieron presentes en mayor número y concentración en comparación con otras comunidades latinas a comienzos de la historia de los EE.UU. El conjunto de cuestiones tratadas por estas primeras organizaciones mexicano-americanas sirvió, en parte, como la base para la organización latina pan-étnica a partir de la década de los sesenta.

Además, prestaré especial atención a los esfuerzos colectivos para la inclusión puesto que esta demanda colectiva y voz como latinos es lo que define la política latina discutida en este ensayo. Antes de la era moderna, los esfuerzos colectivos se realizaron principalmente a través de la organización sindical y ciudadana basada en la comunidad. En la época actual (el período posterior a la revolución de los derechos civiles de la década de 1960), la política electoral y las votaciones se añaden a la paleta de actividades políticas colectivas. Sin embargo, este enfoque en las actividades colectivas no pretende minimizar el papel de destacados individuos. Al contrario, surge del reconocimiento de que la historia de la inclusión política de los latinos se debe a diversos esfuerzos por todo el país y a grupos latinos de origen nacional, con el fin de construir una voz política colectiva e incluyente, que podría mantenerse (y ampliarse) con el tiempo.

 

Las raíces coloniales e inmigrantes de las demandas latinas por su integración política

La organización de los latinos para lograr una voz cívica y política es en gran medida un fenómeno de los siglos XX y XXI. Mientras que la presencia latina en los EE.UU. antedata a estos logros del siglo XX, en ese entonces, las comunidades latinas carecían de los recursos, liderazgo y organizaciones para exigir la igualdad de derechos en la sociedad estadounidense. Por lo tanto, las demandas eran mayormente de carácter individual en vez de colectivas. ¿Por qué? Porque la historia tiende a variar según la región, aunque la respuesta principal se encuentra en la forma de incorporación colonial de las primeras comunidades latinas de los EE.UU..1 En el suroeste, por ejemplo, los antiguos mexicanos que se convirtieron en ciudadanos estadounidenses al término de la guerra mexicano-americana contaban con pocos recursos para organizarse políticamente.2 La concentración de la población era mínima y la mayoría de los residentes del suroeste vivían en un estado de servidumbre agrícola. En los años inmediatos al fin de la guerra mexicano-americana, la antigua élite mexicana de terratenientes y funcionarios públicos podría haberse desempeñado como líderes étnicos. Hasta cierto punto, esta naciente aristocracia mexicano-americana tomó parte en la conducción política de los nuevos estados y territorios del suroeste de los EE.UU., a pesar de su insignificancia en número de habitantes. Además, el conflicto entre los antiguos mexicanos y las poblaciones anglo se propagó rápidamente por todo el suroeste del país. Muchos de los anglos eran nuevos migrantes después del final de la guerra y consideraban racialmente inferior a la población mexicano-americana.3

Consecuentemente, en los años posteriores a la guerra mexicano-americana, disminuyó considerablemente el estatus económico y social de gran parte de esa élite que había existido antes de la conquista. Muchos perdieron sus tierras, otros se casaron con estadounidenses, lo que llevó a la pérdida de la identidad étnica al cabo de una o dos generaciones. En el año 1900, había pocos líderes mexicano-americanos fuera del territorio de Nuevo México y esta comunidad se componía casi en su totalidad de trabajadores agrícolas y obreros urbanos. Ninguno de los dos grupos tenía los recursos para organizarse de manera colectiva ni para realizar nada más que esporádicas reivindicaciones políticas.4

Nuevo México demuestra ser una excepción a este patrón de declive de la influencia política de la élite pre-conquista y sus hijos. Los descendientes europeos no emigraron a Nuevo México en la misma cantidad que lo hicieron a otras partes del suroeste. Como resultado de esto, la población hispana del territorio continuó dominando la política del estado en el siglo XX. Sin embargo, la presencia de los líderes hispanos del estado y su insistencia en mantener el bilingüismo retrasó la admisión de Nuevo México (y Arizona) como estados.

La anexión de Puerto Rico a los EE.UU. en 1898 no acabó con la élite ya existente, como había sucedido con los mexicano-americanos en el sureste del país. Tras la invasión de EE.UU. a la isla, los puertorriqueños presionaron por conseguir una amplia gama de demandas políticas, incluyendo la ciudadanía estadounidense, el ingreso a la unión, la soberanía y en menor medida, la independencia. La ley Jones (Jones Act) de 1917, que concedió la ciudadanía parcial a los residentes de Puerto Rico y la ley Public Law 600, que llevó a un autogobierno circunscrito en el año 1952, satisficieron algunas de estas demandas. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes para lograr la plena incorporación de los puertorriqueños a los EE.UU. Durante este periodo, estas disputas se libraron desde Puerto Rico con la participación de un mínimo número de latinos en los EE.UU..

A pesar de que hubo poca cooperación entre las comunidades mexicano-americanas y puertorriqueñas para exigir la inclusión ciudadana a finales del siglo XIX, hubo personas que se esforzaron para sacar a la luz los obstáculos y desigualdades. Por ejemplo, los mexicano-americanos del suroeste utilizaron los tribunales federales y estatales para reivindicar sus derechos como ciudadanos. Los asuntos tratados en los tribunales incluían el derecho de los inmigrantes mexicanos a nacionalizarse (en re Ricardo Rodríguez, 1897), a ocupar cargos públicos (People v. de la Guerra, 1870) y a formar parte de jurados o ser juzgados por jurados que incluyeran a mexicano-americanos (George Carter v. Territory of New Mexico, 1859). Los tribunales también fueron el lugar de las demandas mexicano-americanas para exigir el cumplimiento de las protecciones de los derechos de propiedad establecidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo para los propietarios de terrenos en el suroeste del país, antes de la guerra entre México y EE.UU..

Durante este período, las maquinarias políticas locales también trataron de convencer a los votantes latinos. Esta forma de organización ya existía en Nuevo México y el sur de Texas; la táctica de los demócratas en Nueva York pretendía conseguir, de manera irregular, los votos de los puertorriqueños en algunas elecciones, mientras que los excluyó de otras, hasta la década de los cincuenta. Sin embargo, en su mayoría, estas estrategias políticas lograron que las comunidades latinas cumplieran los propósitos de los partidos políticos a pesar de que los latinos tuvieron poca influencia en las personas a las que votaron. En los primeros momentos de la presencia estadounidense en el suroeste de México, algunos sindicatos organizaron a los trabajadores latinos, concretamente los sindicatos mineros y los anarquistas. Esta repercusión sindical fue la excepción y no la regla; sin embargo, no se sumó al liderazgo público de la comunidad. Debido a su concentración y la proporción relativamente baja de blancos en el grupo, los mexicano-americanos en Nuevo México (hispanos) consiguieron una mayor representación colectiva en este periodo de lo que hicieron los mexicano-americanos en otros estados. Varios de los gobernadores de estos territorios eran hispanos, al igual que muchos miembros de la Convención Constituyente de Nuevo México celebrada en 1910 (que precedió a la obtención de su categoría como estado en 1912).

 

Voces latinas organizadas para la integración ciudadana en el siglo XX: primeros pasos

Con la llegada del siglo XX, los latinos comenzaron a organizarse de manera más general para satisfacer sus necesidades colectivas, incluyendo la creación de fondos de seguros para saldar las necesidades económicas al final de la vida, aunque estos esfuerzos fueron esencialmente apolíticos. Las primeras organizaciones colectivas de los latinos se hicieron más políticamente activas a finales de los años 1920 y 1930. Este periodo histórico fue testigo de la formación de las primeras organizaciones regionales mexicano-americanas, así como de la regulación laboral que incluía el primer movimiento político latino “a nivel nacional”. Estos esfuerzos sentaron las bases de los logros políticos y ciudadanos tras la Segunda Guerra Mundial. Las dos organizaciones que se formaron en este momento, la League of United Latin American Citizens (Liga de ciudadanos latinoamericanos unidos o LULAC, por sus siglas en inglés) y El Congreso de Pueblos Que Hablan Español también conocidos simplemente como El Congreso, representaban a diferentes sectores de la comunidad latina, pero compartían una visión de la nación en la que las voces latinas no fueron silenciadas por la discriminación y la exclusión.

LULAC se creó en 1929.6 Entre sus fundadores se encontraba la escasa clase media mexicana- americana, que eran en su mayoría propietarios de pequeñas empresas que habían surgido en los últimos 20 años en diferentes provincias de Texas. Los objetivos de esta organización eran revolucionarios y asimilacionistas. Su directiva trató de cuestionar y revertir la discriminación que habían sufrido los mexicano-americanos en el suroeste del país desde el año 1848. Utilizaron todas sus herramientas disponibles como ciudadanos estadounidenses –en particular los tribunales– para rebatir la cuasi indiscutible posición de los blancos y la política dominante sobre la discriminación contra los mexicanos. Su principal reivindicación era conseguir una protección igualitaria ante la ley como ciudadanos de los EE.UU..

No obstante, los miembros de LULAC se distinguieron de los recientes inmigrantes de origen mexicano excluyéndoles de la membresía por no ser ciudadanos estadounidenses y realizando reuniones únicamente en inglés. La organización ofreció ayuda a los inmigrantes mexicanos que quisieron nacionalizarse, pero no creía que hubiera igualdad política o cívica entre los inmigrantes no naturalizados y los ciudadanos estadounidenses. En la década de 1930, LULAC llevó a cabo campañas de inscripción de votantes, alentó a los miembros a apoyar a los candidatos que hablaran de las preocupaciones de los mexicano-americanos, intentó acabar con los impuestos de las elecciones y por último, utilizó a los tribunales para luchar contra la discriminación, especialmente en materia de educación. Poco después de su creación, LULAC trató de organizar a las mujeres mexicano-americanas. A principios de la década de los treinta, diversas ramas formaron la división de las Auxiliares Ladies. En 1938, el Presidente de LULAC instauró la figura del Organizador Nacional de la Mujer (National Organizer for Women) que más adelante se convirtió en el Vicepresidente nacional de la organización.

A pesar de su reducido enfoque y el estatus de clase media de los primeros miembros, algunas delegaciones de LULAC surgieron rápidamente por todo el suroeste del país, dando lugar a la primera organización latina a nivel regional. Además, los líderes de LULAC desarrollaron una alianza política con Lyndon Johnson, quien estaba empezando a hacerse conocido por todo el país en ese momento.7 Esta alianza supuso el primer paso en la construcción de una voz latina en la política nacional.

Una década después del surgimiento de LULAC, Luisa Moreno, Josefina Fierro de Bright y Eduardo Quevedo, sindicalistas del sur de California, establecieron El Congreso.8 Esto también representó un paso necesario en la lucha de los latinos para conseguir su integración ciudadana y política. Su composición era más urbana, de clase trabajadora e incluso más “latina” puesto que incluía a más personas no-mexicanas que LULAC. De esta manera, también se ofrecía un nuevo modelo de alianzas tácticas para los latinos con otros grupos excluidos de la sociedad estadounidense. Igualmente, El Congreso reconoció a las mujeres como organizadoras y líderes de manera fundamental, en contraposición con el pensamiento de LULAC.9 Por otra parte, El Congreso tuvo una corta duración. Sin embargo, tanto sus miembros como los temas que se discutían estaban más cerca de la mayoría de los latinos en la década de 1940 y en adelante. Su retórica era más activista que la de LULAC, principalmente porque se basaba en el movimiento e internacionalismo laboral así como los vínculos con los movimientos laborales en el extranjero en aquel momento. Los temas que se trataban –en particular la igualdad de trato de los inmigrantes y los ciudadanos ante la ley– eran los que tendrían una gran resonancia a largo plazo para el activismo latino y que anticiparían los cambios previstos en las actitudes de los “no-latinos” en el período posterior a la guerra.

A pesar de sus diferencias, en el fondo, El Congreso compartía la reivindicación de LULAC de acabar con la discriminación contra los latinos y eliminar las barreras que les negaban la representación igualitaria en la sociedad estadounidense. La visión de El Congreso se unió a la eliminación de las barreras que limitaban las oportunidades sociales, políticas y económicas a los ciudadanos de fuera de los EE.UU.. Además, ni LULAC ni El Congreso eran organizaciones de masas. Para la mayoría de los latinos en la era anterior a los derechos civiles, estos obstáculos a los que se habían enfrentado durante largo tiempo seguían existiendo. Sin embargo, ambas organizaciones establecieron las bases para el posterior surgimiento de la reivindicación de los latinos. Se demostró que a pesar de generaciones de discriminación, los latinos no sólo pedían una voz política, sino que además contaban con los recursos necesarios dentro de la propia comunidad para organizarse de manera exitosa.

 

Organización cívica y política de los latinos en la era de los derechos civiles

Durante los años 1950, 1960 y principios de 1970 aumentaron rápidamente las demandas de los latinos y la formación de diversos caminos para llegar a la organización política. También en ese momento se hizo evidente la influencia electoral de los latinos. Como en el caso de la comunidad afroamericana y su movimiento de derechos civiles durante gran parte de este periodo, el liderazgo surgió en nuevos segmentos de la población, incluyendo a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea así como a jóvenes con titulación universitaria.10 Hacer frente a la desigualdad social y continuar la lucha contra la discriminación se convirtió en objetivo clave de la incipiente identidad política de los latinos en esta época. Muchas de las organizaciones que se formaron en este periodo adoptaron un discurso más polémico del que tuvo LULAC o El Congreso. Estos movimientos no sólo compartían estilo, sino que cada uno estaba motivado por el rechazo a la desigualdad de trato por motivos de raza u origen étnico. En cada caso, la indignación por la discriminación y la negación de los derechos sancionados por el estado eran sus principales motivos en sus esfuerzos de movilización. Como será evidente, estos movimientos surgieron por todo el país en poblaciones latinas concentradas. A pesar de que no formaron un movimiento nacional latino como lo entendemos hoy en día, el reconocimiento de las experiencias compartidas de los latinos en todo el país sentó las bases de la política latina pan-étnica que surgió en la era posterior a los derechos civiles.

El primer activismo surgido luego de la Segunda Guerra Mundial transformó la política latina de la organización ciudadana a la movilización electoral. La irritación tras el fracaso de los candidatos latinos para desempeñar cargos locales en California y Texas llevó a la formación de organizaciones comunitarias centradas en el reclutamiento de candidatos, el registro de votos y la movilización de los votantes.11 El resultado fue una serie de primicias electorales en las que por primera vez se eligieron a latinos para cargos específicos.

Los jóvenes latinos, principalmente los nacidos en los EE.UU., eran los más activos. Su activismo refleja preocupaciones específicas de los latinos sobre discriminación y consecuencias dispares, aunque también la indignación de los jóvenes en general en esta época por la guerra de Vietnam.12 El resentimiento a causa de la educación pública discriminatoria provocó una serie de huelgas en las escuelas secundarias de Los Ángeles. Estos movimientos espontáneos dieron lugar a la organización de una reforma educativa y la movilización contra la guerra bajo el patrocinio de la Mexican American Youth Organization (Organización juvenil mexicano-americana o MAYO, por sus siglas en inglés).13 En otras áreas de concentración de latinos en el suroeste del país aparecieron esfuerzos similares. The Crusade for Justice (La Cruzada por la Justicia), fundada en Denver, se centró en los jóvenes un sentido más amplio, incluyendo a jóvenes adultos en las escuelas así como dentro y fuera del lugar de trabajo.14 En la conferencia del año 1969, se presentó públicamente y por primera vez el Plan Espiritual de Aztlán. El Plan es el documento fundador del Movimiento Estudiantil chicanos de Aztlán (MEChA) y abogaba por la libre determinación y el orgullo étnico de los chicanos. MEChA fue la única organización nacional de estudiantes latinos universitarios durante ese período que actualmente todavía sigue en activo.

Los jóvenes también formaron nuevos movimientos que pusieron a prueba a las instituciones políticas dominadas por los blancos. Pidieron el acceso a las oficinas locales en zonas rurales de Texas, demostraron que los mexicano-americanos podían movilizarse y usaron sus números para desafiar la discriminación electoral.15 Estos esfuerzos locales en la década de 1960 (y la atención nacional que provocaron) dieron lugar a la formación de un partido político regional mexicano- americano, la Raza Unida, que convocó una convención nacional en el año 1972 en la que presentó a candidatos para cargos locales y estatales por todo el suroeste del país.16 Podría decirse que la presencia de un candidato de la Raza Unida en las urnas redujo el voto democrático lo suficiente como para elegir al primer gobernador republicano de Texas desde la Guerra Civil. Los candidatos de Raza Unida ganaron en algunas oficinas locales y estatales en este periodo.

Los jóvenes latinos también se movilizaron en las comunidades de Puerto Rico, que habían crecido de manera exponencial después de la Segunda Guerra Mundial.17 Debido a la Ley Jones (Jones Act), que otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños y aumentó la demanda de mano de obra barata después de la guerra, cientos de miles de puertorriqueños se mudaron a Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Chicago y otras ciudades. En la mayoría de los casos llegaron trabajadores no cualificados pero más tarde, también los trabajadores rurales salieron de sus tierras a media que la agricultura de la isla se industrializaba. Al igual que los residentes mexicanos del suroeste en los años posteriores a la Guerra EE.UU.-México, los inmigrantes puertorriqueños de principios del siglo XX tenían pocos recursos económicos y fueron objeto de discriminación racial y étnica.

Posiblemente una de las asociaciones juveniles puertorriqueñas más importantes en ese momento fue la Young Lords con sede en Nueva York, que mostraba claras diferencias con las organizaciones de los movimientos sociales en el suroeste del país. La condición colonial de Puerto Rico aseguró lazos más fuertes con la patria de los que existían entre la mayoría de los mexicano-americanos en esta época. Como resultado, los Young Lords se organizaron en torno a una doble estrategia. Por una parte, en Nueva York y Chicago, desafiaron las prácticas discriminatorias que negaban a los puertorriqueños las protecciones de su ciudadanía estadounidense centradas en la educación, la salud pública, la seguridad pública y la representación. Por otra parte, también intentaron construir –pero con menos éxito– un nuevo movimiento independentista en la isla y mantener sólidas relaciones entre los puertorriqueños en la isla y el continente.18

La época del activismo por los derechos civiles no sólo surgió entre los jóvenes latinos adultos. En Nuevo México, la Alianza de Pueblos y Pobladores se enfrentó a las autoridades federales y estatales para hacer cumplir los derechos de propiedad de los descendientes de residentes mexicanos de dicho estado que les habían negado desde la ratificación del Tratado de Guadalupe Hidalgo.19 Los activistas se aprovecharon de los valores de ese momento para revitalizar estas afirmaciones utilizando estrategias nuevas y mucho más polémicas, incluyendo la ocupación de un tribunal federal. Los trabajadores agrícolas unidos (The United Farmworkers) hicieron una preocupación nacional la causa de la fuerza laboral agrícola de los latinos de California e introdujeron a no latinos en muchas partes del país en estatus de segunda clase normalmente experimentado por muchos latinos.20 Acabar con las elevadas tasas de abandono en las comunidades puertorriqueñas fue el objetivo central de ASPIRA, formado por Antonia Pantoja y un grupo de educadores de Puerto Rico en 1961.21 Los líderes de ASPIRA reconocieron que la única manera de que los puertorriqueños (y más tarde todos los latinos) pudieran alcanzar su potencial de liderazgo era asegurar las oportunidades educativas.

El habitual y controvertido estilo de estas nuevas organizaciones –y de su nueva generación de líderes– no debe encubrir sus principales reivindicaciones. Exigían plena inclusión en la sociedad estadounidense, tal y como garantizaba la Constitución y consideraban que la principal estrategia para lograr ese objetivo era tener la oportunidad de elegir al candidato de su elección para el cargo. A pesar de un discurso a veces centrado en las distintas experiencias de los latinos y la individualidad, sus demandas y objetivos se concentraron capacidad igualitaria para competir en la sociedad civil y política. En este sentido, sus demandas plurales se parecían a las de otros grupos excluidos de la sociedad estadounidense que también exigían una representación igualitaria.

Las nuevas oportunidades para la organización cívica de los latinos en la época de los derechos civiles no se limitaban a desafiar las estructuras políticas existentes desde fuera. En este momento se organizaron las voces latinas dentro de los principales partidos políticos y las instituciones sociales, y se crearon instituciones dirigidas por latinos para investigar, documentar y reflejar la condición de los latinos.

En este tiempo el “voto latino” apareció en los discursos de los partidos nacionales y algunos líderes electos (no sería hasta los años ochenta que la discusión sobre este tema se haría más común). John F. Kennedy confió en los votos de los mexicano-americanos de Texas para ganar la presidencia en 1960 ya que obtuvo estos votos y probablemente aumentó los índices de voto en este grupo al fomentar una campaña bien financiada dirigida a los mexicano-americanos.22 Richard Nixon lideró las primeras reivindicaciones republicanas de votos latinos a nivel nacional. Hizo algunos esfuerzos para llegar a los mexicano-americanos, mientras que su campaña de reelección financió en secreto a La Raza Unida en un esfuerzo por reducir el voto demócrata. La campaña de Nixon y los republicanos en general, tuvieron mucho más éxito en ganar el apoyo de los cubano-estadounidenses basándose en parte en su fuerte oposición al régimen de Fidel Castro en Cuba.23 En este momento, cada uno de los partidos y muchos partidos estatales crearon oficinas de alcance a los latinos.

Asimismo, los latinos comenzaron a elegir a personas de su mismo origen étnico para los puestos, incluso a nivel nacional, centrando sus esfuerzos organizativos en la movilización de votantes basándose en la comunidad. Entre los miembros del congreso elegidos en esta época destacan Henry B. Gonzalez (TX), Edward Roybal (CA), Kika de la Garza (TX), Herman Badillo (NY), Manuel Lujan (NM), y Baltasar Corrada del Río (Comisionado Residente de Puerto Rico), asegurando la presencia latina en Washington y en la formulación de nuevas políticas nacionales. Estos representantes latinos institucionalizaron su presencia con la formación del Grupo Demócrata de Congresistas Hispanos en el año 1976.

Los latinos también fundaron sus primeras instituciones de defensa nacional en la era de los derechos civiles. Algunas de las más destacadas fueron el National Council of La Raza (consejo nacional de La Raza o NCLR, por sus siglas en inglés) (formado como la Conferencia del Suroeste de la Raza). Esta alianza de organizaciones basadas en la comunidad latina a nivel nacional tenía una doble misión. En primer lugar, otorgaba la capacidad de asegurar que las organizaciones latinas locales podían crecer y expandir la prestación de servicios a nivel local. En segundo lugar, trató de unir las necesidades y los problemas identificados por estas organizaciones miembros en un programa regional y en última instancia nacional que servirá de base para la defensa de los latinos a nivel estatal y nacional. Esta manera de organización latina supone un recurso externo para los funcionarios públicos tanto latinos como no latinos que buscan defender las necesidades de los latinos. La defensa y promoción de NCLR se dirigía a los cuerpos legislativos y organismos del poder ejecutivo.24

El Mexican American Legal Defense and Education Fund (fondo mexicano-americano de defensa legal y educación o MALDEF, en inglés) se fundó en este mismo período y, compartiendo algunos de partidarios filantrópicos de NCLR, concentró sus energías en los tribunales. MALDEF y el Puerto Rican Legal Defense Fund (fondo puertorriqueño de defensa legal o PRLDEF, por sus siglas en inglés), fundado cuatro años más tarde, aseguraron que las comunidades latinas tendrían el poder institucional de rebatir las leyes y prácticas discriminatorias. A pesar de la gran envergadura de MALDEF, la organización se centró principalmente en la discriminación en las escuelas, el empleo público y privado, la contratación, la prestación de los servicios públicos, la vivienda, el empleo y los derechos de voto y de distritos.25 La demanda de MALDEF al derecho de voto y de creación de distritos electorales aseguró que los latinos podrían ejercer su derecho al voto y que dichos votos impactarían en la elección del candidato con un mayor número de votos latinos. Con el tiempo, MALDEF ha luchado cada vez más por los derechos de los inmigrantes (un tema al que volveremos más adelante). ASPIRA también denunció una serie de casos para asegurar el acceso a la educación para los puertorriqueños y los latinos.

NCLR no era de ninguna manera la única organización de derechos civiles de los latinos a nivel nacional que se formó en esta época, aunque probablemente fuera la de mayor repercusión. El creciente grupo de funcionarios públicos latinos dio lugar a la National Association of Latino Elected and Appointed Officials (la asociación nacional de funcionarios latinos electos y designados, o NALEO en inglés). En Texas, los activistas desencantados con el discurso de La Raza Unida formaron el Southwest Voter Registration and Education Project (Proyecto de registro electoral y de educación en el suroeste de EE.UU.) para acabar con los problemas a los que se enfrentaron los latinos al inscribirse y votar. Al inicio, esta organización se enfocó en las áreas urbanas en las que residían las mayores concentraciones de latinos.26 Los propietarios de negocios latinos crearon la National Hispanic Chamber of Commerce, o cámara de comercio nacional de los latinos. Aunque a menudo mostró actitudes y posiciones más conservadoras sobre cuestiones económicas que otras organizaciones latinas de derechos civiles, también desafió la discriminación y los obstáculos para conseguir la participación equitativa de los latinos en la sociedad estadounidense. Por su parte, en el año 1974 se fundó MANA, una organización nacional que defendía a las mujeres latinas fomentando su liderazgo y defensa nacional.27 LULAC y el Foro G.I., formado después de la Segunda Guerra Mundial para combatir la discriminación que sufrían los veteranos mexicano-americanos, siguió representando a los latinos en esta época y logró tener repercusión a nivel nacional. Centraron sus recursos en luchar contra la discriminación educativa y defendieron varios casos judiciales importantes.28

Las organizaciones nacionales de derechos civiles establecidas en este período no eran exclusivamente pan-latinas. Algunas de ellas surgieron inicialmente para servir a las comunidades mexicano-americanas tales como NCLR o MALDEF, pero rápidamente expandieron su enfoque y objetivos a los derechos civiles de todos los latinos. Las organizaciones locales fueron más propensas a abordar principalmente las preocupaciones políticas de grupos nacionales específicos. En el caso de las comunidades cubano-americanas y puertorriqueñas, estos problemas a nivel de comunidad incluían los asuntos del país de origen, como la situación de Puerto Rico para los puertorriqueños o las vicisitudes de las relaciones entre EE.UU. y Cuba para los cubano-americanos.

Las organizaciones nacionales de derechos civiles de los latinos de este momento reflejaron una nueva posición de los latinos en la sociedad estadounidense que no habría sido posible si las organizaciones más activistas no hubieran desafiado las estructuras de poder locales y estatales que habían negado a los latinos la protección igualitaria frente a la ley. Las asociaciones nacionales eran más pluralistas en su discurso y operaciones, pero tanto éstas como otros organismos aún más activistas compartieron una visión de empoderamiento de los latinos que desafiaba las barreras y expandía la voz electoral y económica de dicha comunidad. Dejando a un lado la retórica activista ocasional, las exigencias de la era de los derechos civiles se focalizaron en garantizar que el lenguaje de las enmiendas 14 y 15 de la Constitución de los EE.UU. se llevara a la práctica, tanto en el ámbito legal como en el social. Las nuevas organizaciones nacionales aseguraron un recurso institucional nuevo y permanente para expresar la demanda de inclusión cívica y política de los latinos.

 

La continua lucha de los latinos por lograr la inclusión cívica en los EE.UU. en la actualidad

A pesar de los avances conseguidos en la época de los derechos civiles, los esfuerzos por conseguir la inclusión de los latinos continuaron en la era posterior a los derechos civiles. No obstante, en algunos aspectos importantes, estos conflictos actuales son muy diferentes a los que precedieron a la década de 1960. Los principales legados legislativos de la era de los derechos civiles eran compromisos federales utilizados para hacer cumplir las enmiendas 14 y 15 de la Constitución de EE.UU. garantizando la igualdad de protección ante la ley así como la igualdad electoral. La legislación sobre los derechos civiles y los derechos de voto creó un nuevo espacio para las demandas de inclusión ciudadana de los latinos. Asimismo, tanto las organizaciones de defensa que se establecieron en ese momento como el cada vez mayor número de cargos públicos electos y designados entre los latinos aseguraron que las voces latinas se escucharan en relación a temas y problemáticas de importancia para la comunidad.

La demografía de la comunidad también cambió. Las modificaciones en las leyes de inmigración nacional y las tasas de natalidad más altas que el promedio aseguraron que la población latina creciera más rápidamente que otros grupos. Para el año 2012, los latinos habían alcanzado más de 50 millones y representaban más del 16 por ciento de la población nacional (en comparación con los 6 millones aproximados en 1960, lo que suponía solo el 3 por ciento de la población de EE.UU.). La composición de la comunidad latina también se diversificó. Poblaciones dominicanas emigraron en grandes cantidades a Nueva York y al noreste del país. Por su parte, los salvadoreños y guatemaltecos se trasladaron principalmente al sur de California y Texas. Florida vio llegar grandes migraciones procedentes de todas partes en las Américas; Nueva York se convirtió en el hogar de muchos inmigrantes colombianos, peruanos, mexicanos, así como de una pequeña proporción de personas de todo el continente americano. La geografía de la migración latina también experimentó cambios, con un gran número de latinos que emigraron hacia el sur y las zonas rurales de la región del medio oeste, donde anteriormente no habían residido grandes cantidades de latinos. Esta cambiante demografía de los latinos facilitó las en su agenda política. Las diferencias más importantes incluían la celebración de la Navidad, la generación de inmigrantes, el origen nacional, la región de residencia, el estatus económico y el nivel de educación. También puso en contacto –e incluso en posible conflicto– a las comunidades latinas con la población blanca no hispana que no se había encontrado con anterioridad con muchos latinos en su vida diaria.

Por ello, esta lucha por la inclusión cívica continúa. Los obstáculos actuales se fusionan con discriminaciones ya duraderas y con problemas de reciente aparición. Lo más importante es la alta participación de ciudadanos no estadounidenses entre la población latina. Ciertamente, los siempre ha sido más común encontrar a latinos entre los inmigrantes que a poblaciones blancas o negras. Además, los inmigrantes no naturalizados han sufrido con frecuencia la exclusión de algunas formas de participación cívica y política. La novedad en este caso es el alto porcentaje de inmigrantes latinos (y asiático-americanos) no naturalizados y la creciente presencia de inmigrantes indocumentados sin opción a poder conseguir la ciudadanía por la vía legal. Evidentemente es muy difícil poder calcular de manera exacta cuántos inmigrantes no autorizados existen en el país. Sin embargo, las mejores estimaciones sugieren que en el año 2011 residían en EE.UU. de manera ilegal aproximadamente 11,5 millones de personas, de los cuales 8,9 millones eran latinos.29 Mientras que en el pasado, los migrantes no autorizados han podido regularizar su situación con el paso del tiempo, la polarización partidista en el Congreso ha impedido un compromiso que permita la legalización generalizada. Esta intransigencia política ha estimulado una nueva forma de activismo cívico entre los jóvenes latinos indocumentados que emigraron con sus padres cuando todavía eran niños. Ellos se han unido bajo el lema de “Dreamers” (soñadores), tomándolo del nombre de la ley DREAM Act, que ofrecería un camino hacia la legalización de los jóvenes inmigrantes no autorizados que fueron a la universidad o se alistaron en el ejército de los EE.UU..

Sin embargo, el futuro de la integración ciudadana de los latinos no es sólo una historia que garantice que a largo plazo los indocumentados puedan regularizar su situación (y eventualmente la naturalización). Con el tiempo, muchos inmigrantes legales podrán optar a la ciudadanía e incluso a convertirse en ciudadanos estadounidenses para los que no se hayan naturalizado.30 Una vez más, no hay cifras exactas, pero las predicciones sugieren que hasta cinco millones de inmigrantes latinos pueden optar a la naturalización, pero todavía no lo han hecho. Además, 1,4 millones podrá hacerlo en los próximos cinco años (una población que continuamente se renueva gracias a nuevos inmigrantes que consiguen la residencia permanente).31

El crecimiento tanto de los residentes permanentes legales como de los inmigrantes no autorizados en los últimos 40 años ha asegurado que la proporción de la población latina compuesta por inmigrantes no naturalizados creciera a medida que el número de inmigrantes aumentó en los años 1970 y 1980 y seguirá el mismo camino en los próximos años. En 2008, por ejemplo, el 37 por ciento de los adultos latinos no eran ciudadanos estadounidenses –y por lo tanto, no podían votar–en comparación con el 2 por ciento de los blancos no hispanos y el 6 por ciento de los negros no hispanos. En la época anterior a la gran migración latina, los problemas relacionados con cuestiones de inmigración y ciudadanía fueron menos categóricos. La mitad de los estados permitieron votar a los no ciudadanos. La condición de “inmigrante indocumentado” no existió hasta el siglo XX cuando el Congreso comenzó a definir las categorías de posibles inmigrantes que no podían entrar a los EE.UU.32 Cada vez más, la lucha de los latinos por su inclusión cívica une a los inmigrantes y a los latinos de EE.UU. en una agenda compartida que busca proteger los derechos y las oportunidades de los inmigrantes, independientemente de su estado, a la vez que proporciona el estímulo para que los inmigrantes que pueden optar a la ciudadanía, lo hagan y también puedan votar.33

El rápido crecimiento de la inmigración latina en la época contemporánea ha creado un nuevo espacio de representación política y activismo. Durante mucho tiempo los inmigrantes han tratado de seguir participando activamente en sus comunidades y países de origen. Ejemplos de estas conexiones transnacionales se pueden encontrar a lo largo de la experiencia latina en los EE.UU. (así como las de otras poblaciones de emigrantes). Sin embargo, este deseo de los inmigrantes de estar involucrados tanto en los EE.UU. como en sus países de origen es mucho más fácil de llevar a cabo actualmente. Las telecomunicaciones y el transporte aéreo son mucho más baratos de lo que eran en el pasado. Además, internet reduce en gran medida los costes de comunicación. Aproximadamente el 30 por ciento de los inmigrantes latinos han participado social y políticamente en sus comunidades y países de origen, ya sea a través de la pertenencia a organizaciones transnacionales en los EE.UU. o mediante la participación directa en la realidad social y política del país de origen. Una mayor proporción sigue la política del país de origen.34 Estas conexiones transnacionales disminuyen considerablemente en las segundas y terceras generaciones. A pesar de que las raíces del transnacionalismo político se asientan en los deseos de los inmigrantes por mantener los vínculos con el país de origen y los EE.UU., éste es un fenómeno de masas relativamente nuevo. Los países de origen están tratando de promover relaciones duraderas con sus emigrados.35 En la medida en que estos esfuerzos tengan éxito, puede que las siguientes generaciones hereden y continúen con esta actitud en el futuro.

Al mismo tiempo, la demanda actual por la inclusión cívica y política de los latinos no es simplemente una lucha por los derechos de inmigrantes.36 Los ciudadanos latino-estadounidenses siguen enfrentándose a problemas continuamente, algunos de los cuales son anteriores a las reformas de la era de los derechos civiles. Los requisitos para votar, por ejemplo, se implementaron inicialmente para disminuir el poder político los inmigrantes europeos a finales del siglo XX.37 Tuvieron éxito entonces y siguen teniendo un impacto desproporcionado y negativo entre los jóvenes y las personas pobres y de menor nivel educativo en la sociedad estadounidense. Los latinos tienden a tener una alta representación en cada una de estas categorías. El legado colonial de Puerto Rico niega el voto a los casi cuatro millones de habitantes de la isla. Las características de la constitución también limitan la influencia latina. Tanto el Senado de los EE.UU. como el colegio electoral evidencian un gran peso político en los estados más pequeños en contraposición con los más grandes del país, de ahí que los latinos tiendan a vivir en estos últimos. El legado de la discriminación sigue presente en la configuración de los distritos legislativos, los grandes sistemas electorales, las elecciones entre semana y en los prejuicios individuales entre los votantes no latinos contra los candidatos latinos. Pocos latinos son elegidos por la mayoría no-latina o por los distritos más plurales, mientras que muchos distritos de pluralidad latina eligen a candidatos que no son latinos.

En la época post-derechos civiles han surgido nuevas –y posiblemente más sutiles– formas de discriminación. En la actualidad, una de las más engañosas es los requisitos de identificación de los votantes que muchos estados están imponiendo. De lo contrario, los latinos con derecho a voto tendrían menos probabilidades de tener la documentación necesaria para su identificación, y en consecuencia, para poder votar. Requisitos como estos que también aumentan el espectro de aplicación desigual de la ley, lo que restringiría aún más el voto latino.

La infraestructura organizativa que surgió luego de los derechos civiles continúa defendiendo, pidiendo y organizándose para abordar estas cuestiones y para expandir la voz política de los latinos. La representación latina en todos los niveles de cargos de elección pública ha aumentado de forma constante durante los últimos 30 años. También se ha diversificado.38 Las mujeres latinas ocupan más cargos públicos de los latinos que las mujeres blancas en los cargos públicos de la población blanca. Los puestos públicos de los latinos cada vez incluyen a más latinos con procedencia de países de Latinoamérica que, después de los años 1960 comenzaron a enviar grandes cantidades de inmigrantes a los EE.UU.. Dos latinos ocupan cargos en el Senado de EE.UU. y veinticuatro más actúan como miembros con derecho a voto en la Cámara de Representantes. De los miembros de la Cámara, siete son latinas, lo que representa una mayor proporción de mujeres que en el Congreso en su conjunto. Actualmente, se busca el “voto latino” de forma rutinaria en las campañas tanto estatales como nacionales. Además ha surgido con fuerza una nueva generación de profesionales latinos de campaña para asegurarse de que cualquier candidato que quiere buscar el voto latino puede llegar a los votantes latinos. Las organizaciones latinas a nivel nacional se han unido desde 1988 bajo el lema de National Hispanic Leadership Agenda (Agenda Nacional de Liderazgo Hispano) para llevar a cabo un programa que incluya los temas que unen a las comunidades latinas. Las organizaciones latinas también ofrecen su ayuda de manera más continuada a los latinos que quieren nacionalizarse. Los esfuerzos por registrar a los votantes se hacen más evidentes antes de las elecciones nacionales. Un claro objetivo son los jóvenes latinos. El “voto latino” ha sido especialmente efectivo a la hora de llegar a los jóvenes a través de la cultura popular. Las organizaciones de la comunidad latina y de servicios sociales también han crecido considerablemente en la etapa posterior a los derechos civiles. Cada vez más, las organizaciones y los líderes latinos son capaces de utilizar la política de coalición para lograr objetivos colectivos. Estas alianzas a menudo incluyen a los no-latinos y sus organizaciones en áreas de interés común, tales como los derechos de los inmigrantes con organizaciones de asiáticos-americanos y judíos, los derechos civiles y la discriminación positiva con las organizaciones afroamericanas y los asuntos económicos como el acceso a la asistencia sanitaria con los sindicatos y los demócratas progresistas. El tamaño y la creciente habilidad política de las comunidades latinas asegura que estas coaliciones pueden tener éxito en asegurar resultados de las políticas que benefician a los latinos y también pueden proporcionar los fundamentos para que los latinos desarrollen sus habilidades de liderazgo y aspiren a cargos públicos oficiales.

 

Conclusiones

A pesar de los cambios en la estructura de la política estadounidense y las oportunidades para la inclusión social y política de los latinos en la era post-derechos civiles, es importante notar los aspectos que han permanecido igual. La filosofía que sustenta la motivación de las demandas latinas sigue basándose en el acceso igualitario a los derechos y responsabilidades políticas. Los latinos siguen enfrentándose a obstáculos a la hora de satisfacer sus necesidades en las instituciones políticas. En 2006, en respuesta a la ley aprobada en la Cámara de Representantes de EE.UU., que consideró que ser indocumentado debía ser un delito, hasta cinco millones de personas, la mayoría latinos, protestaron pacíficamente por todo el país. Los manifestantes incluían a inmigrantes y a latinos nativos. La consecuencia de estas marchas tuvo resultados y ganancias políticos: la petición de criminalización fue rechazada por el Senado. La tasa de crecimiento entre el electorado latino aumentó en 2008, es decir, la acción de las manifestaciones tradujo dicha protesta en votos. La comunidad latina fue capaz de responder de manera tan rápida y efectiva porque las instituciones y organizaciones existentes trabajaron para transformar la indignación y la frustración social en representación política colectiva. Con los crecientes números y la complejidad de las organizaciones, los latinos siguen comprometidos con antiguos y nuevos retos y además en el proceso contribuyen a la renovación de la democracia en los EE.UU..

 

Notas

  1. Juan González, Harvest of Empire: A History of Latinos in America (New York: Viking, 2000).
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  3. Arnoldo De León, They Called Them Greasers: Anglo Attitudes Toward Mexicans in Texas, 1821-1900 (Austin: University of Texas Press, 1983).
  4. Anselmo Arellano, "The People's Movement: Las Gorras Blancas," en The Contested Homeland: A Chicano History of New Mexico, eds. Erlinda Gonzales-Berry and David R. Maciel (Albuquerque: University of New Mexico Press, 2000), 59-82.
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Las opiniones y conclusiones contenidas en este documento pertenecen a sus autores y no deben interpretarse como representativas de las opiniones o políticas del gobierno estadounidense. La mención a marcas registradas o productos comerciales no conlleva la aprobación del gobierno de los EE.UU. 

Last updated: October 31, 2016