2. Inmigración

Casa de la Libertad, Aeropuerto Internacional de Miami, FL, 1962

Resumen histórico de la inmigración latina y la transformación demográfica de los Estados Unidos

David G. Gutiérrez

La inmigración procedente de Latinoamérica y el consecuente crecimiento de la población hispana o latina en el país son dos de los acontecimientos más importantes y polémicos en la historia reciente de los Estados Unidos (EE.UU.). La expansión de una pequeña población concentrada regionalmente en menos de 6 millones de habitantes en 1960 (tan sólo el 3,24 por ciento de la población de los EE.UU. en ese momento), a una población ampliamente dispersa de más de 50 millones (o el 16 por ciento de la población total del país), los latinos están destinados a continuar ejerciendo un enorme impacto social, cultural, político y económico en la vida de este país.¹ A pesar de que las limitaciones de espacio en este documento impiden dar una explicación completa de esta compleja historia, este ensayo tiene por objetivo ofrecer una visión general de la historia de la inmigración latina en los EE.UU., haciendo especial hincapié en los problemas de la ciudadanía y la no ciudadanía, la extensa controversia en relación con la política inmigratoria y el contexto económico global en el que ha surgido la inmigración en general y la inmigración regional, en particular. Este documento sugiere que el crecimiento acelerado de la población pan-latina en la nación es el resultado de una compleja relación entre los avances económicos nacionales, regionales y globales, la historia militar de los EE.UU., la política exterior en el hemisferio occidental, la accidentada historia de los esfuerzos internacionales de control fronterizo y las aspiraciones de los inmigrantes latinoamericanos al igual que de los posibles inmigrantes futuros.

Movimientos fundacionales de población: México

Los complejos orígenes de la inmigración latina a los EE.UU. se remontan a la época de la expansión territorial y económica de éste último. Técnicamente, el primer influjo importante de inmigrantes latinos a los EE.UU. se produjo durante la fiebre de oro en California o exactamente después del establecimiento de la frontera moderna entre México y EE.UU. al término de la guerra entre ambos países (1846-1848). De acuerdo con las estipulaciones/condiciones del tratado de Guadalupe Hidalgo (firmado a las afueras de la Ciudad de México en febrero de 1848), la República de México cedió a los EE.UU. más de un tercio de su antiguo territorio, incluyendo lo que hoy en día son los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado, Texas y partes de otros estados. Además, el tratado ofreció la nacionalización de los cerca de setenta y cinco mil a cien mil ciudadanos mexicanos que decidieron permanecer al norte de la nueva frontera después del fin de la guerra.²

Con la excepción de los aproximadamente diez mil mineros mexicanos que entraron a California durante los días de la fiebre el oro, la migración desde México fue muy escasa durante la mayor parte del siglo XIX, con un promedio de no más de tres mil a cinco mil personas por década en el período comprendido entre 1840 a 1890.³ Esta situación cambió radicalmente al comienzo del siglo XX. A medida que se aceleró el ritmo de la economía en el oeste de los EE.UU. gracias a la expansión del sistema ferroviario regional en las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XIX y como también se redujo drásticamente la fuerza laboral de personas provenientes de países asiáticos debido a una serie de leyes que restringieron la migración a partir de 1882, los empleadores estadounidenses comenzaron a fijarse en México para suplir la demanda mano de obra en industrias básicas como agricultura, minería, construcción y transporte (especialmente en la construcción y el mantenimiento de las vías férreas). Atraídos hacia la frontera por los simultáneos desarrollos económicos del norte de México y el suroccidente de los EE.UU. (facilitados en gran medida por la eventual conexión de los sistemas ferroviarios estadounidenses y mexicanos en puntos clave de la frontera entre ambos países), por lo menos cien mil mexicanos habían migrado a los EE.UU. en 1900. El desencadenamiento de la Revolución Mexicana en 1910 intensificó la circulación de personas dentro de México y, finalmente, a través de la frontera, una tendencia que se mantuvo durante las tres primeras décadas del siglo XX.

Las estadísticas históricas de migración para este período son notoriamente claramente debido a las inconsistentes técnicas de enumeración, los variables métodos de clasificación étnica y racial en los EE.UU. y el constante movimiento de incontables miles de migrantes indocumentados dentro y fuera del territorio estadounidense. De igual manera, la extrapolación de fuentes de los censos mexicanos y estadounidenses ofrece una idea de la magnitud de los movimientos de población en esta época. En 1900 el número de ciudadanos mexicanos viviendo en EEUU alcanzó los cien mil por primera vez en su historia y continuó incrementando exponencialmente a partir de entonces, llegando a duplicar este número a los doscientos veinte mil inmigrantes en 1910, y otra vez multiplicando esta cifra a cuatrocientos setenta y ocho mil inmigrantes en el año 1920. En 1930, al comienzo de la Gran Depresión, se calculaba que el número de ciudadanos mexicanos residentes en EE.UU. había ascendido por lo menos a seiscientos treinta mil individuos. Cuando se combinan estos números con la población original de mexicano-estadounidenses (es decir, los descendientes de los antiguos mexicanos que vivían en la zona suroccidental de los EE.UU. cuando finalizó la guerra entre México-EE.UU.), la población de origen mexicano o de herencia mexicana en los EE.UU. en 1930 era probablemente de al menos de un millón y medio de personas, concentradas en su mayoría en los estados de Texas, California y Arizona. Por otra parte, un número menor, pero aún significativo, tenía trabajos industriales en el medio-este, particularmente en las áreas metropolitanas de Chicago, Detroit y Gary, en Indiana.⁴

A pesar de un breve revés en las olas migratorias durante la Gran Depresión, cuando alrededor de 350.000 a 500.000 inmigrantes mexicanos y sus familias fueron presionados o forzados a abandonar el país en masivas campañas de repatriación coordinadas por oficiales locales, estatales y federales, la migración de mexicanos parecía retomar la fuerza que había demostrado anteriormente tras el ingreso de los EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial en 1941.⁵ Al enfrentar una evidente carencia en la mano de obra agrícola como consecuencia de la guerra y el reclutamiento militar para la misma, los empleadores estadounidenses presionaron al gobierno federal para que se acercara a México con el fin de posibilitar la implementación de un acuerdo laboral bilateral de emergencia. Aunque heridos por la humillación que representó para los mexicanos y sus familias durante las campañas de repatriación de la pasada década, los oficiales del gobierno mexicano fueron reacios en un primer momento a llegar a un acuerdo de este tipo. Sin embargo, después de asegurar ciertas garantías por parte del gobierno estadounidense para los trabajadores mexicanos como transporte desde y hacia México, un salario justo, buena comida, vivienda digna y protección de algunos derechos humanos básicos, los dos gobiernos firmaron el Acuerdo Laboral Agrícola de Emergencia en el verano de 1942.⁶

Conocido rápidamente como el Programa de Braceros (por la forma coloquial en español para nombrar el trabajo manual) este nuevo programa trajo un número importante de consecuencias a largo plazo. En el nivel más fundamental, el programa no sólo reabrió la frontera sur a la mano de obra mexicana, sino que de manera más significante, reinstituyó el uso de un gran número de trabajadores inmigrantes en la economía de los EE.UU. por primera vez desde la Gran Depresión. La dimensión del programa se mantuvo relativamente baja durante los años de la guerra, con un promedio de 70.000 mil obreros contratados en el país cada año durante este tiempo. Sin embargo, con el tiempo, el Programa de Braceros, que se extendió por diferentes medios después de la guerra, tuvo el efecto de impulsar la economía debido al extenso uso de la mano de obra de estos trabajadores inmigrantes. En 1949, el número de trabajadores contratados importados había ascendido a 113.000 y después a un promedio de 200.000 por año entre 1950 y 1954. Durante los años de apogeo del programa entre 1955 y 1960 mantuvo un promedio de 400.000 trabajadores empleados al año en EE.UU. (la mayoría provenientes de México pero a los cuales se debían sumar pequeños grupos de trabajadores de Jamaica, Bahamas, Barbados y Honduras). Para el momento en que el programa finalizó en 1964, se habían emitido cerca de 5 millones de contratos para inmigrantes.⁷

El programa de trabajadores inmigrantes establecido en la década de los años cuarenta del siglo XX tuvo el efecto imprevisto de incrementar la emigración mexicana a los EE.UU., tanto la regulada por la ley, como la no autorizada. Al reforzar las comunicaciones entre los trabajadores por contrato y sus amigos y familias en sus lugares de origen en México, un número cada vez mayor de mexicanos fueron capaces de obtener fuentes fiables sobre las condiciones y las opciones laborales así como de las rutas migratorias al norte de la frontera. Por consiguiente, el número de mexicanos que legalmente emigraron a los EE.UU. aumentó de manera estable en las décadas de 1950 y 1960, pasando de apenas 60.000 en la década de los cuarenta a 219.000 en los cincuenta y a 459.000 en los sesenta.⁸

De manera más importante, el Programa Bracero ayudó a encontrar ingeniosas maneras de promover la migración mexicana no autorizada a largo plazo. Diseñado con el fin de mejorar las condiciones materiales en EE.UU. (donde los salarios eran entre siete y diez veces más altos que en México), decenas de miles de mexicanos (casi todos ellos varones en edad laboral) prefirieron eludir el proceso formal de contratación laboral, optando en su lugar por cruzar la frontera de manera clandestina. Esto se vio reflejado en el incremento repentino de detenciones a inmigrantes no autorizados, que pasó de un número insignificante en 1940 a más de 91.000 en 1946, para alcanzar los casi 200.000 en 1947 y los 500.000 en 1951.⁹

La creciente circulación de trabajadores inmigrantes no autorizados en esta época fue beneficiosa para los intereses de los empleadores norteamericanos, quienes buscaban evadir la burocracia y los altos costos relacionados con la participación en el programa de importación de trabajo formal. De igual manera, también fue conveniente para aquellos migrantes mexicanos que no pudieron obtener contratos de manera oficial. De hecho, los mutuos incentivos económicos para la entrada no autorizada a los EE.UU. de migrantes mexicanos (estimulada por la cada vez más sofisticada y económicamente rentable red de contrabando, comunicaciones y falsificación de documentos) incrementó tanto en este período que se estima que en diferentes momentos la proporción de trabajadores no autorizados y los legalmente braceros contratados era de al menos dos a uno, y en algunos casos fue incluso mayor en específicos mercados laborales locales. Que el uso de trabajadores no autorizados se haya convertido en una característica sistémica de la economía estadounidense se refleja en el hecho de que después de veinticuatro años con el Programa Bracero, la cifra estimada de detenidos no autorizados –cerca de cinco millones– era más o menos equivalente al total de contratos emitidos oficialmente.¹⁰

Aunque el gobierno de los EE.UU. no ha logrado determinar en ninguna ocasión el número exacto de migrantes mexicanos no autorizados de paso o ya establecidos en este país, un movimiento de población de esta magnitud contribuye inevitablemente a un aumento constante de la población de residentes permanentes de origen étnico mexicano. Según datos del censo de los EE.UU. (que, a su vez, subestima el número de residentes indocumentados) y recientes análisis demográficos, el total de la población étnicamente mexicana de ambas nacionalidades en los EE.UU. creció de 1,6 millones en 1940 a 2,5 millones en 1950, para alcanzar después los 4 millones en 1960.¹¹ El significado histórico del Programa de Braceros en tanto precursor de prácticas económicas neoliberales y eje promotor de los cambios demográficos se ha reconocido recientemente en diferentes proyectos históricos públicos, incluyendo el Archivo de los Braceros del Instituto Smithsonian, al igual que la exposición temporal “Bittersweet Harvest”.¹²

Puertorriqueños

El crecimiento de la población puertorriqueña en EE.UU. tiene unos orígenes aún más complicados. Casi exactamente medio siglo después del fin de la guerra entre México y EE.UU., la isla de Puerto Rico se convirtió en un “territorio no incorporado” de los EE.UU., después de que España cediera la isla y otras posesiones coloniales al término de la guerra Hispano-Americana de 1898.

En los primeros años del gobierno estadounidense, los puertorriqueños fueron gobernados de acuerdo con los términos de la Ley Foraker de 1900, que decretaba la isla como una posesión no incorporada y establecía un gobierno civil constituido por un gobernador nombrado por el presidente de EEUU, un consejo ejecutivo formado por seis estadounidenses y cinco puertorriqueños, y un sistema judicial integrado. En 1971 el Congreso de los EE.UU. aprobó la ley Jones como respuesta al cada vez más agresivo movimiento independentista en Puerto Rico. Esta ley trató de apaciguar las agitaciones locales proporcionando una serie de reformas políticas que incluían una legislatura bicameral (aunque todavía se encontraba bajo la autoridad del Gobernador nombrado por los EE.UU. así como el Congreso y el Presidente de los EE.UU.), junto con la Carta de Derechos Puertorriqueños. Aún más importante, la Ley Jones garantizó la ciudadanía estadounidense a todos los puertorriqueños, exceptuando a aquellos que hicieran público su deseo de renunciar a esta opción, que fue una decisión tomada por casi 300 individuos en aquel momento.¹³

A pesar de que los autores de la ley Jones no anticiparon que sus acciones abrirían las puertas de la migración puertorriqueña, la concesión de la ciudadanía estadounidense a los habitantes de Puerto Rico terminaría teniendo tal efecto. De hecho, una de las ironías más duraderas en relación a las decisiones tomadas por el gobierno de los EE.UU. en 1917 fue que, incluso a pesar de que los líderes del Congreso esperaban seguir controlando Puerto Rico como una remota posesión colonial, una sentencia del Tribunal Supremo reveló la caja de pandora que se había abierto tras la concesión de la ciudadanía a los habitantes de la isla. En el caso Balzac vs Porto Rico (1922), el Tribunal dictaminó que si bien los puertorriqueños en la isla no se regían por la misma jerarquía constitucional que el resto de los estadounidenses (dictamen basado en la lógica de que la Constitución le otorgó ilimitados poderes al Congreso para determinar los derechos específicos de los que podían disfrutar los residentes de los territorios no incorporados), si condición de ciudadanos estadounidenses les otorgaba el derecho irrestricto de migrar a cualquier territorio dentro de la jurisdicción de los EE.UU. Además, el Tribunal resolvió que una vez allí, los puertorriqueños tenían, por ley, “el derecho a disfrutar de todos los derechos civiles, sociales y políticos como cualquier otro ciudadano estadounidense”.¹⁴

Los puertorriqueños aprovecharon esta situación al ejercer uno de los derechos más básicos de la ciudadanía norteamericana, la libre circulación dentro de los límites y fronteras de los EE.UU. y sus posesiones. Poco después de la sentencia Balzac, pero sobre todo después de la Gran Depresión, un creciente número de puertorriqueños comenzaron a llegar al continente, especialmente a la ciudad de Nueva York. La migración de la isla fue impulsada por una economía colonial que no tenía manera de proporcionar empleo a la creciente población de Puerto Rico. Antes de la década de 1930, la economía puertorriqueña estaba fuertemente orientada hacia la producción de azúcar, la cual requería una intensa mano de obra durante seis meses y dejaba a los trabajadores desocupados el resto del año. Siendo el desempleo una característica estructural de la economía de la isla, la primera ola de puertorriqueños que se movilizaron hacia el continente lo hicieron buscando trabajo o después de haber sido reclutados en algún empleo del sector agrícola. Por lo tanto, la población continental empezó a crecer. Entre 1930 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la población puertorriqueña en el continente aumentó modestamente de 53.000 a cerca de 70.000. No obstante, la gran mayoría de estos inmigrantes (casi el 88 por ciento del total) se encontraban en la ciudad de Nueva York, donde se convirtieron en empleados de bajo salario vinculados principalmente a la manufactura y servicios en la industria textil. Además, los empresarios puertorriqueños comenzaron a expandir lo que pronto se convertiría en una próspera economía “étnica”, destinada a satisfacer las necesidades de la cada vez más numerosa población proveniente de la isla.¹⁵

La emigración puertorriqueña al continente se aceleró después de la guerra. Ante una crónica situación de desempleo en la isla (que fluctuaba entre el 10,4% y el 20% en los años comprendidos entre 1949 y 1977), al igual que el desajuste en el trabajo rural como urbano ocasionado en parte por la “Operación Manos a la Obra” –un plan auspiciado por el gobierno local para atraer inversiones e industrias a la isla–, la población puertorriqueña en el continente pasó de 70.000 personas en 1940 a más de 300.000 en 1950 y continuó ascendiendo a 887.000 en 1960. Aunque el cambio de una economía básicamente agrícola a ser una “plataforma industrial y de exportación” bajo la “Operación Manos a la Obra” tenía como objetivo estimular el crecimiento económico de la isla y sacar a los trabajadores de la pobreza (lo que ocurrió para una minoría de trabajadores puertorriqueños), el desempleo crónico y el subempleo y la consecuente migración impulsada por la economía han sido las características de la vida económica de Puerto Rico desde los años cincuenta del siglo XX.¹⁶

Desarrollos demográficos desde 1960

El escenario demográfico en Latinoamérica comenzó a cambiar vertiginosamente en la década de los sesenta como resultado de una confluencia de tendencias económicas y geopolíticas. En 1959, Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara lideraron una insurgencia revolucionaria en Cuba que convulsionó el mundo al derrocar el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. Aunque las intenciones políticas iniciales de Castro seguían siendo poco claras, en 1960 la junta de gobierno explicó que pretendía regir Cuba bajo principios marxistas. En ese momento, en Cuba tuvo lugar una serie de eventos en uno detrás de otro tales como purgas y juicios políticos, expropiaciones, nacionalizaciones de industrias e instituciones significativas (incluyendo sindicatos y escuelas privadas) así como el intento de invasión fallido por parte de exiliados cubanos en la conocida Bahía Cochinos en la primavera de 1961. Aunque desde el siglo XIX ha existido en los EE.UU. una importante población cubana (concentrada principalmente en Florida y la ciudad de Nueva York), de la noche a la mañana el éxodo cubano después de la Revolución suscitó la creación de una de las poblaciones latinas más grandes en EE.UU., ya que en 1950 menos de 71.000 cubanos residían en el país y en cuestión de diez años la cifra ascendió a 163.000.¹⁷

Una segunda ola de inmigrantes cubanos ocurrió entre 1965 y los primeros años de la década de los setenta cuando el régimen de Castro permitió la reunificación familiar en los EE.UU. para los cubanos que desearan abandonar la isla. Aunque inicialmente al gobierno estadounidense le tomó por sorpresa la decisión del régimen castrista, los oficiales de inmigración de los EE.UU. proporcionaron las herramientas necesarias para entrada ordenada de casi 300.000 refugiados cubanos. Como resultado, la población cubana en los EE.UU. alcanzó las 638.000 personas en 1970, representando el 7,2% del total de la población latina de la nación en aquel entonces.¹⁸ Durante los años ochenta tuvo lugar una tercera ola migratoria desde Cuba (el conocido éxodo del Mariel), agregando a los números anteriores otros 125.000 inmigrantes.¹⁹ Estos tres grandes movimientos migratorios post-1960 sentaron las bases de la actual población cubano-americana, que alcanza en la actualidad cerca de un 1.786.0000 millones de personas, o lo que es lo mismo, el 3.5% de la población pan-latina de los EE.UU.²⁰

La mayoría de los cubanos y sus familias han tendido a congregarse en el sur de la Florida (alrededor del 70% del total de los cubanos en EEUU continúan residiendo allí), sin embargo, con el tiempo los cubanos y los cubano-americanos –al igual que otros migrantes latinos– se han ido dispersando geográficamente. Aunque los diferentes perfiles socioeconómicos de las tres olas migratorias formaron una población heterogénea en términos de clase, en definitiva, los inmigrantes que establecieron la comunidad cubano-americana tienen los más altos niveles de éxito socioeconómico de las tres poblaciones inmigrantes representativas de la comunidad latina en los EE.UU. Por ejemplo, en 2008, el 25% de los cubanos y cubano-americanos mayores de 25 años había obtenido por lo menos un título universitario (comparado con el 12,9% del total de la población latina en EE.UU.). Por otra parte, los ingresos medios para personas mayores de 16 años eran de 26.478 dólares en comparación con la media de 21.488 dólares para todos los latinos. Además, sólo el 13,2% de los cubanos vivían bajo el umbral de la pobreza en este país, contrastándolo con el 20,7% de la población latina en la misma situación y con el 12,7% de la población estadounidense general en el mismo momento).²¹

La agitación política en el resto de América Latina durante los años 70 y 80 –particularmente en naciones centroamericanas como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua–, también contribuyó de manera significativa a la nueva inmigración latinoamericana a los EE.UU. Una vez más, aunque los ciudadanos de cada uno de estos países se habían organizado en pequeñas comunidades inmigrantes en los EE.UU. antes de 1970, la agitación y la violencia política de los años setenta y ochenta dio lugar a una ola sin precedentes de cientos de miles de migrantes centroamericanos –muchos de ellos indocumentados–, que huían de la violencia de sus países de origen. Estos inmigrantes centroamericanos, atrapados entre regímenes autoritarios (a menudo abierta o secretamente apoyados por el gobierno estadounidense) e insurgencias izquierdistas, se convirtieron en una parte significativa de la población latina en EE.UU. en 1990, cuando alcanzaron un total de casi 1.324.000 de personas. Además, se han agrupado en diferentes lugares del país como una manera de reflejar sus diversos orígenes y experiencias. Así, los salvadoreños se congregan predominantemente en Los Ángeles, Houston, San Francisco, Nueva York y Washington D.C; los guatemaltecos en California y Texas; los nicaragüenses en Miami y los hondureños en Florida, Texas y otros lugares. A pesar de que la mayoría de las naciones centroamericanas se han estabilizado desde los años noventa, el largo periodo de trastornos económicos y desplazamientos causados por las prolongadas guerras civiles y los conflictos con las guerrillas en la región han contribuido al continuo crecimiento de esta población (discutido más adelante).²²

Factores económicos

No obstante, pese al dramatismo de las historias de migración por causas políticas de Cuba y Centroamérica, el desarrollo más significativo en la migración latina a los EE.UU. tiene sus raíces en los profundos cambios económicos que se han producido tanto en este país como en el resto del hemisferio occidental desde finales de los años sesenta y principios de los setenta. Las primeras evidencias de los cambios que se aproximaban fueron el fin del Programa de Braceros en 1964 y una importante revisión de la ley de inmigración de los EE.UU. realizada en el año 1965. Aunque ambos acontecimientos se han promocionado como parte de la ola de reformas liberales (incluyendo la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965) que caracterizaron esta época turbulenta, el fin del programa de trabajo por contrato y la modernización del sistema de inmigración de EE.UU. contribuyó a ocultar algunos cambios significativos tanto en los patrones de inmigración como en la utilización de mano de obra inmigrante en el país. Del mismo modo, dichos eventos también ocultaron importantes cambios estructurales en la economía de los EE.UU. y de América Latina que continúan hasta el día de hoy.

Uno de los cambios que pasó desapercibido en su momento fue el gradual remplazo de braceros por trabajadores no autorizados, la gran mayoría de ellos provenientes de México. Aunque el uso de braceros había disminuido a un ritmo constante a principios de la década de 1960 hasta que el Congreso permitió que el programa expirara a finales de 1964, no existen indicios de que la constante demanda de mano de obra que había impulsado tanto la migración autorizada como la no autorizada del cuarto de siglo anterior hubiera decaído considerablemente. Teniendo en cuenta las tendencias históricas, es mucho más posible señalar que, a medida que el programa iba desprestigiándose, los braceros fueron remplazados paulatinamente por trabajadores no autorizados, o incluso una vez finalizados sus contratos, simplemente se convirtieron en trabajadores no autorizados ellos mismos.

En todo caso, las detenciones fronterizas comenzaron a incrementar casi inmediatamente después de que el programa de trabajadores inmigrantes por contrato decayera. Teniendo en cuenta que el INS (Servicio de Inmigración y Naturalización estadounidense) reveló la detención de un promedio de 57.000 migrantes no autorizados al/por año durante los nueve años transcurridos entre la “Operation Wetback”, un programa federal que deportó a inmigrantes mexicanos no autorizados del suroeste de los EE.UU. y el fin del “Bracero Program”, el número de detenciones se acercó a los 100. 000 en el año 1965 y continuó aumentando rápidamente desde entonces.²³ Es casi seguro que en ese mismo año, la aprobación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y las Enmiendas (79 Stat. 911) exacerbó esta tendencia. Pese a que la nueva ley liberalizaba en gran medida la política existente al abolir el sistema de cuotas migratorias por naciones y al proporcionar una organización que se basaba en el orden de llegada para permitir el acceso o no de un migrante, por primera vez en la historia la INA impuso un límite de tan sólo 120.000 inmigrantes legales al año para todos los provenientes de países del hemisferio occidental.²⁴

En el ámbito económico, el embargo petrolero árabe de 1973 alteró aún más el mercado laboral estadounidense y eventualmente ayudó a sentar las bases para una mayor afluencia de trabajadores inmigrantes autorizados y no autorizados. El largo periodo que continuó luego de la crisis de 1973 representó una simultánea contracción en la economía estadounidense a la vez que un incremento en las tasas de inflación– seguido de una serie de políticas neoliberales que fueron instituidas en respuesta– indicando una masiva reorganización del trabajo y de los procesos de producción que, en muchos aspectos, continúan hasta nuestros días. Dicha continua reestructuración fue desigual tanto en el terreno regional como en el temporal. No obstante, la propensión general en toda la economía se dirigía hacia una disminución de los altos salarios asegurados, al igual que de los altos beneficios en trabajos, comúnmente sindicalizados, en sectores como la manufactura y la industria así como a un correspondiente crecimiento en el número de trabajos precarios y mal pagados, con bajos beneficios laborales y sin afiliación sindical en una economía transformada hacia los servicios y los sectores informales.

En el ámbito internacional, la profundización global de la crisis de la deuda y la imposición de austeridad financiera por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a muchos países de Latinoamérica allanaron el camino para reestructuraciones económicas todavía más drásticas y desplazamientos hacia el extranjero.²⁵ Tales acontecimientos modificaron radicalmente la composición de género en los movimientos migratorios. A pesar de que antes de ese momento, la migración desde América Latina hacia los EE.UU. era básicamente emprendida por hombres en edad laboral, la amplia reestructuración económica eventualmente causó que un creciente número de mujeres y niños se unieran a la corriente migratoria. La ruptura en los patrones de género de la población migrante varía de región a región (en el caso de México, por ejemplo, se sigue manteniendo el patrón masculino, mientras que en el caso dominicano se inclina más al femenino); no obstante, la tendencia general en la inmigración latinoamericana desde los años setenta y los ochenta ha sido la feminización de los movimientos migratorios. Como resultado, aunque los hombres siguen superando en número a las mujeres, el agregado de la población latina que reside en los EE.UU. pero que nació en el extranjero está alcanzando el equilibrio en términos de género.

Los efectos de la combinación de estos dramáticos cambios estructurales han variado mucho en las diferentes regiones de América Latina. En México, el país que históricamente ha enviado la mayor cantidad de inmigrantes a los EE.UU., la profunda crisis de la deuda externa, las periódicas devaluaciones del peso y los desastres naturales como el terremoto de 1985 estimularon cada vez más las intensas olas de emigración tanto de mujeres como de hombres. Como ya se ha señalado anteriormente, la agitación política y la violencia tuvieron un efecto similar en los países centroamericanos. Además, en empobrecidas naciones caribeñas como la República Dominicana, el deseo de encontrar trabajo en los EE.UU. (especialmente para las mujeres dominicanas) ha conducido a un mayor crecimiento de la población emigrada. En consecuencia, aunque en 1970 los dominicanos en los EE.UU. no alcanzaban los 100.000, para el año1980 había crecido a más de 171.000 y como veremos más adelante, este número ha seguido creciendo de forma exponencial desde entonces.²⁷

En el otro extremo del espectro económico, la actual reestructuración económica en Suramérica ha llevado a una situación en la que individuos altamente cualificados provenientes de países como Argentina, Chile, Colombia, Perú o Ecuador, entre otros, han emigrado a los EE.UU. buscando oportunidades económicas de las que no disponen en sus lugares de origen. Por ejemplo, según un reciente análisis del censo del año 2000, tan sólo el 2,3% de todos los migrantes mexicanos que llegaron a EE.UU. en los años ochenta disponían títulos universitarios en contraposición con un 30% de peruanos y chilenos, o el 33% de los argentinos y un 40% de venezolanos que sí contaban con tales niveles de educación superior. Por diversas razones, este tipo de “fuga de cerebros” se ha acrecentado en los últimos años. Por ejemplo, entre el año 2000 y el 2010, la población estadounidense descendiente de colombianos y chilenos casi se ha duplicado, mientras que la población en este país de origen o herencia argentina, boliviana, ecuatoriana, peruana y venezolana se ha más que duplicado.²⁸

Como siempre, la dependencia económica del mercado laboral estadounidense en la mano de obra inmigrante tanto “legal” como “ilegal” se ha consolidado inevitablemente. Además, se han afianzado vínculos de mutua dependencia con las regiones de donde proceden la mayoría de los inmigrantes, contribuyendo, de esta manera, al continuo ciclo de desplazamientos lícitos e ilícitos dentro del territorio estadounidense. Desde la década de 1970, los mismos tipos de redes sociales previamente establecidas por inmigrantes europeos, asiáticos y mexicanos se han ampliado a comunidades de inmigrantes más recientes, fortaleciendo los lazos de interdependencia que han unido a los EE.UU. con las regiones de origen de tales inmigrantes durante más de un siglo. La intensidad de tal interdependencia se hace evidente cuando se tiene en cuenta la magnitud de remesas enviadas por los inmigrantes de todas las posiciones sociales a sus países de origen. Un estudio revela que en el año 2013, el 14 por ciento de los adultos en Ecuador, el 18 por ciento en México y una sorprendente proporción de uno a cuatro de todos los adultos en Centroamérica declararon haber recibido remesas desde el extranjero.²⁹ En 2007, sólo México recibió más de 24 mil millones de dólares en remesas de sus ciudadanos en el extranjero. Antes de la crisis económica de 2008, cuando las remesas alcanzaron el pináculo a nivel mundial, éstas constituían por lo menos el diecinueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, el dieciséis por ciento del PIB de El Salvador, el quince por ciento de Haití, así como el diez por ciento de Nicaragua y Guatemala.³⁰ En resumen, la internalización de trabajadores inmigrantes se ha convertido en una característica estructural de la relación de la oferta y la demanda de la inmigración lícita e ilícita; y por lo tanto, es mucho más difícil detenerla con políticas de intervención unilaterales.

Los efectos de dicha interconexión se han intensificado por las constantes negociaciones y acuerdos neoliberales de “libre comercio” destinados a reducir las barreras comerciales y a promover una mayor integración económica a nivel regional. En los EE.UU., las dos iniciativas más destacadas en este ámbito han sido la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 y de manera similar, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (que actualmente se está llevando a cabo de manera gradual en varios países del Caribe, Centro y Sudamérica), puesto que ambos acuerdos han facilitado considerablemente el aumento de los intercambios comerciales entre las partes involucradas. Por ejemplo, desde la ratificación del TLCAN en 1994, el comercio entre los EE.UU. y Canadá se ha triplicado y entre los EE.UU. y México se ha cuadruplicado. Sin embargo, estos acuerdos también proporcionan los medios para que las empresas con sede en los EE.UU. puedan exportar partes de sus procesos de su producción a economías poco competitivas y reguladas mientras disminuyen las capacidades de producción dentro de las fronteras de los EE.UU (limitando los altos salarios en trabajos a menudo sindicalizados). En conjunto, estos cambios estructurales sentaron las bases para una intensificación de las dos tendencias que han llegado a definir la economía estadounidense a comienzos del siglo XXI: la reducción y externalización de procesos de producción que antes se centraban en los EE.UU. y una tendencia hacia lo que podría llamarse “la internalización laboral” de números cada vez mayores de inmigrantes autorizados y no autorizados.³¹

El impresionante resultado de la reestructuración de la economía se ha reflejado en dos procesos interconectados: por una parte, el crecimiento exponencial de la población latina proveniente de casi todos los países de Latinoamérica, y por otra, una expansión sin precedentes de personas no autorizadas en los EE.UU. En 1970, la población latina rondaba los 9,6 millones, lo que constituía menos del cinco por ciento de la población total del país. Sin embargo, después de esa ese momento, la población latina no sólo no creció de forma significativa, sino que también se diversificó considerablemente. En general, la población latina en los EE.UU. creció hasta alcanzar 14,6 millones en 1980, 22,4 millones en 1990, 35,3 millones en el 2000 y finalmente 50 millones en el año 2010.³² A pesar de que la mayoría de la población latina la constituyen los mexicanos, puertorriqueños y cubanos (representando respectivamente el 63, 9,2, y 3,5 por ciento del total en el año 2010), los nuevos flujos de inmigrantes provenientes de otros países de Latinoamérica han creado una demografía más compleja en la que los centroamericanos (7,9%), los sudamericanos (5,5%) y los dominicanos (2,8% del total) también pertenecen a importantes grupos de población. Según los datos del censo de los EE.UU., las tres principales poblaciones latinas de mexicanos, puertorriqueños y cubanos crecieron sustancialmente en la década entre 2000 y 2010 (las gráficas muestran aumentos del 54, 36 y 44 por cierto, respectivamente). Sin embargo, otras poblaciones latinas de Centro y Sudamérica se desarrollaron a un ritmo mucho más rápido, desde un aumento del 85 por ciento en la comunidad migrante dominicana a un aumento del 191 por ciento en la población hondureña. En general, las poblaciones inmigrantes de prácticamente todos los países de habla hispana del continente americano crecieron sustancialmente en la década entre 2000 y 2010. La población dominicana de los EE.UU. aumentó de 765.000 a 1,4 millones de personas; la guatemalteca de 372.000 a 1.040.000; la hondureña de 218.000 a 633.000; la nicaragüense de 178.000 a 348.000, y la salvadoreña de 655.000 a 1,6 millones.³³ A partir de 2011, se estima que la población pan-latina haya alcanzado una cifra de 50.478 millones de personas, más del 16 por ciento de la población total de los EE.UU.³⁴

El número de personas indocumentadas –de nuevo, predominantemente de América Latina, aunque también de prácticamente cualquier otro país del mundo– ha crecido a un ritmo similar desde la década de 1970. La actual actividad económica, el desempleo y subempleo crónico, el surgimiento de agitaciones civiles y la intensificación de la violencia asociada con la acentuación del tráfico de drogas, la trata de personas y otras actividades económicas ilícitas ha hecho que la migración no autorizada haya aumentado junto con la inmigración legal. Siempre ha sido difícil calcular el número exacto de personas indocumentadas en los EE.UU. en un momento particular, pero los demógrafos opinan que en conjunto, esta población aumentó de aproximadamente tres millones de personas en 1980 a cerca de cinco millones a mediados de los noventa, alcanzando aproximadamente los 8,4 millones en 2000 y llegando a un máximo de entre once y doce millones (o lo que es lo mismo, un cuatro por ciento de la población total del país) antes de empezar a disminuir tras la crisis financiera de 2008-2009. Desde entonces, debido al prologado declive por el que atraviesa gran parte de la economía global, se estima que la población no autorizada se ha reducido por lo menos en un millón de personas desde el año 2009.³⁵

Si bien es difícil determinar las causas exactas de la desaceleración de la migración no autorizada, las intensas medidas de seguridad y la actual recesión han contribuido claramente a la fuerte caída de los últimos años. Las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han disminuido desde un máximo de casi 1,64 millones en el año 2000 a menos de 450.000 en 2010. En el año 2011, las detenciones fronterizas se habían reducido hasta las 340.252, una cifra casi inimaginable cinco años antes.³⁶ Asimismo, también han aumentado en los últimos años las deportaciones y obligatorias "salidas voluntarias" de personas no autorizadas. Según los datos publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, estas salidas forzadas aumentaron de 291.000 en el año fiscal 2007 a casi 400.000 en el 2011 –y siguieron a un ritmo aún mayor a pesar de los primeros cinco meses del año fiscal 2012.³⁷ Saber si estas tendencias continuarán tras la recuperación económica sigue siendo una incógnita, especialmente si tenemos en cuenta la importancia que tienen los trabajadores indocumentados en la economía estadounidense).³⁸

Todavía queda algo que añadir a esta discusión. A pesar de que por razones discutidas anteriormente en este ensayo se asocia casi exclusivamente el fenómeno de la inmigración ilegal con los mexicanos, se debe señalar que la mayoría de los investigadores sobre el tema de la migración coinciden en que en algún lugar entre el 40 y el 50 por ciento de todas las personas que no residen de manera legal en el país se encuentran quienes no cruzaron la frontera ilegalmente sino que les ha expirado la visa de turista o de estudiante, entre otras. Por consiguiente, aunque la inmigración ilegal ha llegado entenderse principalmente como un "problema mexicano", éstos solamente representaban el 58 por ciento del total calculado en el año 2010; es decir, el 42 por ciento restante –muchos de ellos culpables de haber incumplido sus visados– provenían de cualquier otro país en el mundo.³⁹

Tendencias futuras

Es imposible predecir el futuro, pero las preguntas sobre la inmigración latinoamericana y el estado de los millones de inmigrantes latinoamericanos indocumentados actualmente en los EE.UU. sin duda seguirán siendo dos de las cuestiones más complejas y polémicas en el panorama político norteamericano. Por una parte, el aumento de la competencia del mercado internacional hace probable que la economía estadounidense continúe dependiendo en gran medida del trabajo de extranjeros – y si la configuración de la integración económica regional continúa, es casi seguro que los inmigrantes latinoamericanos de todos los estados sigan desempeñando un papel importante en el desarrollo económico del país. De hecho, antes de la contracción económica actual, los modelos de la internalización de la mano de obra inmigrante habían acelerado en la medida en que los inmigrantes de todos estados legales estaban llenando puestos de trabajo en los EE.UU. a una velocidad comparable a la que existía en la gran época de la migración industrial hace más de un siglo. Aunque la recesión actual ha suprimido claramente la contratación de los trabajadores nativos y extranjeros, los datos recientes revelan cómo los trabajadores inmigrantes se han convertido en componentes cruciales de la vida económica estadounidense.

Según datos del censo estadounidense de 2007, los inmigrantes “legales” altamente cualificados se han convertido en componentes esenciales en muchos sectores económicos clave, constituyendo el 44 por ciento de todos los científicos médicos, el 37 por ciento de todos los científicos físicos, el 34 por ciento de todos los ingenieros de software, el 31 por ciento de todos los economistas, el 30 por ciento de todos los ingenieros informáticos y el 27 por ciento de todos los médicos y cirujanos. Con la jubilación de la generación del baby boom, los demógrafos predicen que la presión de contratar a inmigrantes altamente educados y cualificados continuará aumentando.⁴⁰

En el vasto panorama laboral para tales profesiones élites, los trabajadores inmigrantes de todos los estados legales (el censo de los EE.UU. no distingue entre trabajadores “legales” e indocumentados) se han visto involucrados estructuralmente en prácticamente cada categoría laboral en la economía estadounidense. Como era de esperar, más de la mitad de todos los trabajadores agrícolas, yeseros, sastres, modistas, operadores de máquinas de coser y estilistas son inmigrantes. Se estima que los trabajadores inmigrantes documentados e indocumentados constituyen entre el 40 al 50 por ciento de todos los trabajadores del yeso, empacadores y trabajadores de ensamblaje, y asistentes y empleados domésticos. En el siguiente nivel, los inmigrantes forman el 30 al 40 por ciento de todos los techadores, pintores, procesadores de pescado y carne, trabajadores de cemento, albañiles, cocineros, jardineros, trabajadores de lavandería, trabajadores de textiles y lavaplatos. Más allá de su esperada presencia en estos puestos de trabajo intensos, se estima que los inmigrantes de cualquier estado legal comprenden del 20 al 30 por ciento de por lo menos otras 36 categorías profesionales adicionales.⁴¹ Además de las cifras obtenidas en las estadísticas de trabajo oficiales, también es importante tener en cuenta que un número desconocido de personas sin ciudadanía trabajan cada vez más en las economías subterráneas del mercado negro y en los mercados no regulados.⁴² De hecho, la contratación de los inmigrantes documentados e indocumentados en todos los niveles de la economía ha aumentado tanto que se estima que los trabajadores extranjeros representaron la mitad de todos los empleos creados en los EE.UU. entre 1996 y 2000 y que por lo menos componían el 16 por ciento del total de de la fuerza laboral estadounidense a comienzos del siglo veintiuno.⁴³

Por supuesto, y por otro lado, la utilización cada vez más visible de trabajadores inmigrantes y el crecimiento y la dispersión de la población latina desde los años ochenta a áreas como el sur y el noroeste de los EE.UU., lugares de zonas industriales donde no se habían visto muchos latinos anteriormente, han promovido el disentimiento y el nativismo entre quienes están enojados no sólo con lo que perciben como la inadmisible expansión de la población indocumentada de la nación, sino, en general, con la merma de los niveles de vida nacionales asociados con la reestructuración actual de la economía estadounidense. El miedo al inexorable envejecimiento de la población “blanca” y el rápido crecimiento de una juventud latina “no-blanca” tienden a aumentar el resentimiento contra las personas nacidas en el extranjero y sus hijos –y especialmente contra las personas sin estatus legal. (En 2010, el mediano de edad de personas blancas no-hispanas fue 42, en comparación con el mediano de edad de 27 para todos los latinos).⁴⁴ La sensación generalizada de que el gobierno federal – y los legisladores de ambos partidos políticos – no han ejecutado con seriedad las leyes existentes obviamente también se ha añadido a la frustración de quienes sustentan esta perspectiva.

Por consiguiente, dado el polémico debate actual sobre la inmigración y la política de control fronteriza, diversos estados y localidades se han enfrentado por la promulgación de una serie de medidas destinadas a presionar a indocumentados a salir de sus jurisdicciones. Siguiendo los precedentes establecidos por activistas en California y otros lugares, las localidades de Hazleton, al este de Pensilvania, Escondido, al oeste de California y al menos otras 130 ciudades estadounidenses, han aprobado leyes locales que criminalizan la contratación de trabajadores indocumentados, haciendo que sea ilegal disponer de ellos, y llegando incluso a la suspensión de las licencias a las empresas que les empleen, así como a la penalización por hablar otros idiomas que no sean el inglés. Además, algunos estados –entre los que destacan Arizona, y más recientemente Indiana, Georgia y Alabama– han debatido y / o promulgado una serie de medidas destinadas a presionar a los indocumentados a salir de sus jurisdicciones. Sólo en 2010, dichos estados aprobaron más de 300 de estas leyes, incluyendo medidas que exigen a los agentes del gobierno local, profesores, trabajadores sociales, personal sanitario, los empleadores del sector privado, entre otros, que verifiquen la ciudadanía de cualquier individuo con el que se encuentren mientras trabajan y piden que se penalice a los no ciudadanos que no tengan consigo documentos que verifiquen su estatus legal. Algunos han ido aún más lejos proponiendo que se les prohíba conducir a los indocumentados (o recibir cualquier tipo de licencia del estado). También piden que no se reconozca la ciudadanía estadounidense a los hijos de residentes no autorizados, independientemente de la condición de ciudadanía por nacimiento de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los EE.UU. Hasta ahora los tribunales federales han prohibido o anulado estas leyes al considerarlas una infracción de la prerrogativa federal en asuntos de inmigración, pero el futuro sobre la política de inmigración y ciudadanía así como su jurisprudencia sigue siendo incierto.⁴⁵

Considerando la inestabilidad de los EE.UU y las economías globales y el polémico debate sobre el control fronterizo y la inmigración indocumentada en la segunda década del siglo, es imposible predecir una solución parcial para estos problemas. Aunque la continua precariedad de la economía podría sentar las bases para establecer un mayor control en las fronteras de los EE.UU. y crear un clima más hostil para los latinos y los no ciudadanos residiendo en el país, es casi seguro que las tendencias económicas mundiales continuarán creando incentivos para el actual uso y abuso de trabajadores inmigrantes latinos, tanto autorizados como indocumentados. En estas circunstancias, es probable que en un futuro cercano siga existiendo el debate histórico sobre la seguridad fronteriza, el continuo crecimiento de la población pan-latina y la situación de las personas indocumentadas.

 Notas

1. Historical Statistics of the United States: Earliest Times to the Present, vol. 1, Part A- Population, ed. Susan B. Carter et al, (New York: Cambridge University Press, 2006). 1-177, tabla Aa 2189-2215, cálculos de población hispana por sexo, raza, origen hispano, residencia, lugar de nacimiento: 1850-1990; y Seth Motel y Eileen Patten, "Hispanic Origin Profiles”, (Washington, DC: Pew Hispanic Center, 27 de Junio de 2012), 1.
2. Para obtener una descripción general de la Guerra entre México y EE.UU. y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, véase Richard Griswold del Castillo, The Treaty of Guadalupe Hidalgo: A Legacy of Conflict (Norman: University of Oklahoma Press, 1990); y Ernesto Chávez, The U.S. War with Mexico: A Brief History with Documents (Boston: Bedford / St Martin, 2008).
3. Para obtener más información sobre la inmigración mexicana durante el siglo XIX, consulte Historical Statistics of the United States: Earliest Times to the Present, vol. 1, Part A-Population, ed. Susan B. Carter et al., (New York: Cambridge University Press, 2006), tabla Ad 162-172 "Immigration by Country of Last Residence—North America": 1820-1997, 1-571.
4. Ver Arnoldo De León y Richard Griswold del Castillo, North to Aztlán; A History of Mexican Americans in the United States, 2nd ed. (Wheeling, IN: Harlan Davidson, 2006), 87, tabla 5.1, y 90, tabla 5.2; y Brian Gratton y Myron P. Gutmann, "Hispanics in the United States, 1850-1990: Estimates of Population Size and National Origin," Historical Methods 33, no. 3 (Verano 2000): 137-153.
5. Se pueden encontrar más detalles de las campañas de repatriación mexicanas de la década de 1930 en Francisco E. Balderrama y Raymond Rodríguez, Decade of Betrayal: Mexican Repatriation in the 1930s, rev. ed. (Albuquerque: University of New Mexico Press, 2006).
6. Para un análisis más exhaustivo de la política que rodea el desarrollo del Programa de Trabajo Agrícola de emergencia, consulte el artículo de Manuel García y Griego, "The Importation of Mexican Contract Labors to the United States, 1942-1964," en la obra The Border That Joins: Mexican Migrants and U.S. Responsibility, ed. Peter G. Brown and Henry Shue (Totowa, NJ: Rowman & Littlefield, 1983): 49-98; y Katherine M. Donato, “U.S. Policy and Mexican Migration to the United States, 1942-1992," Social Science Quarterly 75, no. 4 (1994): 705-29. Para una mayor discusión sobre el Programa Bracero en el context global de los programas para “otros trabajadores” véase Cindy Hahamovitch, No Man's Land: Jamaican Guestworkers in America and the Global History of Deportable Labor (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011).
7. Ver Congreso de los EE.UU., Senado, Comité del Poder Judicial, History of the Immigration and Naturalization Service, 96th Cong. 2d Sess., Dic. 1980 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1980): 51, 57, 65.
8. Departamento de Justicia, Inmigración y Naturalización, Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service, 1978 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1978), tabla 13, 36.
9. Op. cit. tabla 23, 62.
10. Philip Martin, "There is Nothing More Permanent Than Temporary Foreign Workers," en Backgrounder (Washington, DC: Center for Immigration Studies, Abril 2001).
11. Gratton and Gutmann, "Hispanics in the United States," 143, tabla 3.
12. Para obtener información sobre el Archivo Bracero del Smithsonian, consulte http://braceroarchive.org/, visitado el 19 de junio de 2012. Para el proyecto Bittersweet Harvest, consulte www.sites.si.edu/exhibitions/exhibits/bracero_project/main.htm, consultado el 19 de junio 2012.
13. Para el análisis de las complicadas políticas acerca de la anexión de Puerto Rico y la formulación de la Ley Jones de 1917, consulte Foreign in a Domestic Sense: Puerto Rico, American Expansion, and the Constitution, ed. Christina Duffy Burnett and Burke Marshall (Durham, NC: Duke University Press, 2001).
14. Véase Balzac v. Porto Rico 258 U.S. 298 (1922), 308. Consultar también José A. Cabranes, Citizenship and the American Empire: Notes on the Legislative History of the United States Citizenship of Puerto Ricans (New Haven, CT: Yale University Press, 1979).
15. Oficina del Censo de los EE.UU., Census of the Population, 1970, Subject Report PC (2)-1E, Puerto Ricans in the United States (Washington, D.C., 1973), tabla 1. Para un análisis exhaustivo sobre la creación y expansión de la comunidad puertorriqueña en la ciudad de Nueva York, consulte Kelvin A. Santiago-Valles y Gladys M. Jiménez-Muñoz, "Social Polarization and Colonized Labor: Puerto Ricans in the United States, 1945-2000," en The Columbia History of Latinos Since 1960, ed. David G. Gutiérrez, (New York: Columbia University Press, 2004): 87-145; y Lorrin Thomas, Puerto Rican Citizen: History and Political Identity in Twentieth-Century New York City (Chicago: University of Chicago Press, 2010).
16. Ver James L. Dietz, Economic History of Puerto Rico: Institutional Change and Capitalist Development (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986); y Pedro A. Caban, "Industrial Transformation and Labor Relations in Puerto Rico: From ‘Operation Bootstrap' to the 1970s," Journal of Latin American Studies 21, no. 3 (Ag. 1989): 559-91.
17. Historical Statistics of the United States, 1-177, tabla Aa 2189-2215
18. Ver María Cristina García, "Exiles, Immigrants, and Transnationals: The Cuban Communities of the United States," en The Columbia History of Latinos in the United States Since 1960: 146-86.
19. Op. cit. 157-67; y Ruth Ellen Wasen, "Cuban Migration to the United States: Policy and Trends (Washington, DC: Congressional Research Service, June 2, 2009) www.fas.org/sgp/crs/row/R40566.pdf, consultado el 25 de marzo, 2012.
20. Ver Sharon R. Ennis, Merarys Ríos-Vargas, and Nora G. Albert, "The Hispanic Population: 2010," 2010 Census Briefs (Washington, DC: U.S. Census Bureau, 2011), tabla 1.
21. Ver Pew Hispanic Center, "Hispanics of Cuban Origin in the United States, 2008—Fact Sheet," (Washington, DC: Pew Hispanic Center, 22 Abril, 2010).
22. Ver Norma Stoltz Chinchilla y Nora Hamilton, "Central American Immigrants: Diverse Populations, Changing Communities," en The Columbia History of Latinos Since 1960: 186-228.
23. Ver INS, Statistical Yearbook, 1978, tabla 23, 62.
24. Ver Patricia Fernández Kelly y Douglas S. Massey, "Borders for Whom? The Role of NAFTA in Mexico-U.S. Migration," Annals of the American Academy of Political and Social Science 610, no. 1 (Mar. 2007): 98-118; Douglas S. Massey, Jorge Durand, y Nolan J. Malone, Beyond Smoke and Mirrors: Mexican Immigration in an Era of Economic Integration (New York: Russell Sage Foundation, 2002); y Raúl Delgado Wise y Humberto Márquez Covarrubias, "Capitalist Restructuring, Development and Labor Migration: The U.S.-Mexico Case," Third World Quarterly 29, no. 7 (Oct. 2008): 1359-74.
25. Para una mayor discusión acerca de las implicaciones de estos cambios en la actividad económica mundial, véase David Harvey, "Neoliberalism as Creative Destruction," Annals of the American Academy of Political and Social Science 610, no. 1 (Mar. 2007): 21-44; y Cheol-Sung Lee, "International Migration, Deindustrialization, and Union Decline in 16 Affluent OECD Countries, 1962-1997," Social Forces 84, no. 1 (Sept. 2005): 71-88.
26. Para una mayor discusión sobre el cambio de equilibrio de género en la inmigración latinoamericana, véase Jacqueline M. Hagan, "Social Networks, Gender, and Immigrant Settlement: Resource and Constraint," American Sociological Review 63, no. 1 (1998): 55-67; Shawn M. Kanaiaupuni, "Reframing the Migration Question: Men, Women, and Gender in Mexico," Social Forces 78, no. 4: 1311-48; Pierrette Hondagneu-Sotelo, Gender and U.S. Immigration: Contemporary Trends (Berkeley: University of California Press, 2003); y Katherine M. Donato, "U.S. Migration from Latin America: Gendered Patterns and Shifts," Annals of the American Academy of Political and Social Science 630 (2010): 78-92. Para un análisis estadístico del equilibrio de género tanto para los latinos nacidos en el extranjero como para los nacidos en EE.UU., véase
    Pew Hispanic Center, Statistical Portrait of Hispanics in the United States: 2010 (Washington, DC: Pew Hispanic Center, 2012), Tabla 10a—Distribución de edad y género según la raza, etnia y lugar de nacimiento: 2010.
27. Ver Ramona Hernández y Francisco L. Rivera-Batiz, "Dominicans in the United States: A Socioeconomic Profile, 2000," Dominican Research Monographs (New York: City University of New York, Dominican Studies Institute, 2003), tabla 1.
28. Ver Censo de los EE.UU., "The Hispanic Population, 2010," tabla 1; y Çağlar Özden, "Brain Drain in Latin America,", ponencia presentada en la Reunión del Grupo de Expertos acerca de la Migración Internacional y el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Secretaría de las Naciones Unidas, Ciudad de Mexico, Nov. 30-Dec. 2, 2005,UN/POP/EGM-MIG/2005/10(Feb.2006), www.un.org/esa/population/meetings/lttMigLAC/P10_WB-DECRG.pdf.
29. Ver Roberto Suro, "Remittance Senders and Receivers: Tracking the Transnational Channels," (Washington, DC: Pew Hispanic Center, Nov. 23, 2003).
30. Banco Mundial. Unidad de Migración y Remesas. Migration and Remittances Factbook, 2011, www.worldbank.org.prospects/imigrantandremittances, visitado el 25 de julio de 2011.
31. Ver Fernández Kelly y Massey, "Borders for Whom?”; Wise y Covarrubias, "Capitalist Restructuring"; y Raúl Delgado Wise, "Migration and Imperialism: The Mexican Workforce in the Context of NAFTA," Latin American Perspectives 33, no. 2 (Mar. 2006): 33-45.
32. Ver Mary M. Kent, Kelvin J. Pollard, John Haaga, y Mark Mather, "First Glimpses from the 2000 U.S. Census," Population Bulletin 56, no. 2 (Junio 2001): 14; y Jeffrey S. Passel y D'Vera Cohn, "How Many Hispanics? Comparing New Census Counts with the Latest Census Estimates," (Washington, DC: Pew Hispanic Center, 30 marzo 2011).
33. Ver Oficina del Censo de los EE.UU. “The Hispanic Population: 2010," tabla 1.
34. Ver Passel y Cohn, "How Many Hispanics?"; y Pew Hispanic Center, "Statistical Portrait of Hispanics in the United States, 2010," tabla 1.
35. Ver Jeffrey Passel y D`Vera Cohn, "The Unauthorized Immigrant Population: National and State Trends, 2010," (Washington, DC: Pew Hispanic Center, 1 Feb. 2011).
36. Ver Richard Marosi, "New Border Foe: Boredom," Los Angeles Times, 21 abril 2011: A1.
37. Ver Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. "ICE Total Removals through Feb. 20, 2012," www.ice.gov/doclib/about/offices/ero/pdf/eroremovals1.pdf, visitado el 15 de junio de 2012.
38. Para un reciente análisis de la crisis, tanto en la migración autorizada como la no autorizada desde México, véase Jeffrey Passel, D'Vera Cohn y Ana González-Barrera, "Net Migration from Mexico Falls to Zero—and Perhaps Less," (Washington, DC: Pew Hispanic Center, Abril 2012).
39. Passel y Cohn consideran que de la población indocumentada no mexicana, el 23 por ciento provenía de América Latina, el 11 por ciento de Asia, el 4 por ciento de Canadá y Europa y otro 3 por ciento, o lo que es lo mismo, cerca de 400.000 personas, de África y otras partes del mundo. Ver Passel y Cohn, "The Unauthorized Immigrant Population: National and State Trends, 2010," 11.
40. Ver Teresa Watanabe, "Shortage of Skilled Workers Looms in U.S.," Los Angeles Times, 21 de Abril de 2008: A1; y Ricardo López, "Jobs for Skilled Workers Are Going Unfilled," Los Angeles Times, 8 de junio de 2012: B1.
41. Ver Steven A. Camarota y Karen Jensenius, "Jobs Americans Won't Do? A Detailed Look at Immigrant Employment by Occupation," (Washington, DC: Center for Immigration Studies, agos. 2009), especialmente la tabla 1; American Immigration Law Foundation, "Mexican Immigrant Workers and the U.S. Economy: An Increasingly Vital Role," Immigration Policy Focus 1, no. 2 (Sept. 2002): 1-14; A.T. Mosisa, "The Role of Foreign-Born Workers in the U.S. Economy," Monthly Labor Review 125, no. 5 (2002): 3-14; Diane Lindquist "Undocumented Workers Toil in Many Fields," San Diego Union-Tribune, Sept. 4, 2006: A1; y Gordon H. Hanson, "The Economic Logic of Illegal Immigration," Council Special Report No. 26, (Washington, DC: Council on Foreign Relations, 2007). Para un análisis más detallado del studio de los casos y la sustitución structural de los trabajadores domésticos por los inmigrantes, véase William Kandel y Emilio A. Parrado, "Restructuring the U.S. Meat Processing Industry and New Hispanic Migrant Destinations," Population and Development Review 31, no. 3 (Sept. 2005): 447-71.
42. Ver James DeFilippis, "On the Character and Organization of Unregulated Work in the Cities of the United States," Urban Geography 30, no. 1 (2009): 63-90.
43. Ver M. Tossi, "A Century of Change: The U.S. Labor Force, 1950-2050," Monthly Labor Review 125, no. 5 (2002): 15-28.
44. Ver Pew Hispanic Center, "Statistical Portrait of Hispanics in the United States," tabla 9.
45. J. Esbenshade y B. Obzurt, "Local Immigration Regulation: A Problematic Trend in Public Policy," Harvard Journal of Hispanic Policy 20 (2008): 33-47; Kyle E. Walker y Helga Leitner, "The Variegated Landscape of Local Immigration Policies in the United States," Urban Geography 32, no. 2 (2011): 156-78; Monica W. Varsanyi, "Neoliberalism and Nativism: Local Anti-Immigrant Policy Activism and an Emerging Politics of Scale," International Journal of Urban and Regional Research 35, no. 2 (marzo 2011): 295-311; y Richard Fausset, "Alabama Enacts Strict Immigration Law," Los Angeles Times, 10 junio de 2011: A8.

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