Last updated: July 9, 2020
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9. Empleo
Trabajadores latinos
Zaragosa Vargas
Trabajadores latinos en el siglo XIX
Casi dos tercios de los trabajadores latinos son de origen mexicano, cuya historia viene marcada por la conquista militar estadounidense del Suroeste y la posterior colonización y desarrollo económico de la región tras la Guerra con México (1846-1848). Antes de la conquista estadounidense, los mexicanos en las economías rancheras de los actuales estados de Texas y California trabajaban como pastores de ovejas, vaqueros, sirvientes, jornaleros y artesanos. En el actual Nuevo México, pequeños propietarios y granjeros en aldeas comunales sobrevivían con su propia labor. Ya hacia la década de 1830, los angloamericanos en Texas superaban en número a los mexicanos, mientras que Arizona se mantuvo relativamente abandonada hasta 1862 debido al merodeo de las tribus indígenas. Los sistemas de trabajo durante la transición desde la autoridad mexicana a la dominación estadounidense se basaban en el peonaje por deuda. Más adelante, se introdujo un tipo distinto de relación laboral fundamentado en desigualdad y opresión raciales, a medida que la idea de peores trabajos se convirtió en sinónimo de trabajos mexicanos. Además, se desarrolló un sistema dual de salarios según la raza que definió las inconfundibles relaciones laborales en el Oeste estadounidense[2].Hacia finales del siglo XIX, la construcción y mantenimiento de vías ferroviarias, la minería y la expansión agrícola experimentaron un enorme desarrollo en el Suroeste bajo condiciones de alto capital. La mano de obra mexicana se convirtió en el gran eje del crecimiento económico de esta región y estableció los cimientos de la clase trabajadora. Como muchos otros latinos, los mexicanos siguieron las tradicionales pautas de movimiento hacia los EE.UU. y mantuvieron los vínculos con parientes y país de origen. La política migratoria estadounidense resultó beneficial para los empleadores porque garantizaba un continuo flujo de mexicanos hacia el país; en esencia, esa política institucionalizó una puerta giratoria para la entrada de obreros con bajos salarios desde el sur. La Revolución Mexicana representó un factor determinante para provocar esta migración, pero el catalizador que desencadenó la migración desde México hacia los EE.UU. fue la escasez laboral provocada por la Primera Guerra Mundial. Durante los años 20, medio millón de inmigrantes mexicanos entraron en los EE.UU. 10% de estas personas se dirigió hacia el Medio Oeste, donde surgieron nuevas oportunidades de trabajo en los sectores agrícola, ferroviario, cárnico, metalúrgico y automovilístico[3].
Al final de la Guerra España-Estados Unidos en 1898, los EE.UU. convirtieron Puerto Rico en una colonia. Los habitantes de esta isla experimentaron una transición hacia el trabajo asalariado con el declive del sistema de plantaciones que había convertido la economía del país en un centro de explotaciones agrícolas para la exportación. La incapacidad de esa estructura económica para absorber el enorme excedente de población dio paso a un desempleo de dos dígitos. Para contrarrestar esa masiva falta de trabajo, las mujeres puertorriqueñas entraron en la vida laboral con puestos en empresas de bordados, la mecanizada industria tabacalera y otras actividades que dependían de la mano de obra femenina[4].
El estatus colonial de Puerto Rico y su problema de sobrepoblación desencadenaron y mantuvieron la emigración, que transformó a los puertorriqueños en trotamundos proletarios que salieron para encontrar trabajo en el Caribe, México, Sudamérica y las islas de Hawái. En 1917, los puertorriqueños se convirtieron en ciudadanos estadounidenses por medio de la Ley Jones-Shaforth. Debido a la falta de mano de obra provocada por la Primera Guerra Mundial, se llevó a puertorriqueños a los EE.UU. como trabajadores eventuales en bases militares y empresas de munición situadas en la costa Este, plantaciones de azúcar en Luisiana y en granjas de algodón en Arizona. Después del final de la guerra, la mayoría de puertorriqueños emigraron hacia Nueva York, donde encontraron trabajos en el sector comercial, de servicios, costurero y tabacalero. Un considerable número de puertorriqueños que se establecieron en los astilleros de Brooklyn eran trabajadores marítimos. Unos 7364 puertorriqueños vivían en la ciudad de Nueva York, y hacia finales de la década ese número explotó hasta llegar aproximadamente a 44908[5].
Los tabaqueros cubanos emigraron a los EE.UU. a causa de los acontecimientos sociales y económicos en Cuba después de 1865 y el crecimiento de la industria del tabaco en Cayo Hueso, Tampa, Nueva Orleans y la ciudad de Nueva York. Hacia 1890, vivían 5500 cubanos en Ibor City, y en 1900 esta población se había triplicado a más de 16000. Los trabajadores cubanos del tabaco trajeron con ellos un sentimiento revolucionario nacionalista y socialista, así como una tradición de organización sindical impregnada de anarquismo. Los lectores, los periódicos sindicales y los clubes de trabajadores marcaron como objetivos tanto a sus patronos locales, como al sistema de explotación imperialista de los EE.UU. en su totalidad[6].
Movimientos obreros latinos a finales del siglo XIX y principios del XX
Ignorados por las estructuras sindicales, los trabajadores latinos del siglo XIX buscaron apoyo dentro de sus propias filas o en movimientos sindicales progresistas. Muchos se unieron a la Sagrada Orden de los Caballeros del Trabajo. Esta primera organización de masas para la clase trabajadora estadounidense se nutría de trabajadores latinos, mujeres y afroamericanos porque los Caballeros del Trabajo no hacían ninguna distinción entre “nacionalidad, sexo, creencia o color”. Los miembros mexicanos de los Caballeros del Trabajo formaron asambleas en Texas, Nuevo México y California. Entre otros visibles componentes de la Orden, figuraba el operario Manuel López, en Fort Worth, Texas, y Juan José Herrera, que en Nuevo México encabezaba los denominados Caballeros de Labor. Las organizaciones sindicales en Cuba intentaban coordinar las actividades de los trabajadores cubanos en el continente y procuraban coordinar sus acciones con los Caballeros de Labor. El anarquista cubano Carlos Balino destacó en los Caballeros del área de Florida, y creó un grupo en Tampa. En 1886, Balino representó a ese colectivo en la convención nacional que tuvo lugar en Richmond, Virginia. A medida que los Caballeros de Labor entraron en un declive marcado por los disturbios de Haymarket en 1886, decrecieron sus esfuerzos para hacer cumplir el principio de la hermandad laboral[7]. La caída de los Caballeros de Labor contribuyó, por otro lado, al ascenso de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL, por sus siglas en inglés), fundada en 1886 bajo el liderato de Samuel Gompers. Mientras que los Caballeros de Labor lucharon para alcanzar reformas legislativas para todos los trabajadores, como la que permitiera jornadas de trabajo de ocho horas, la más exclusiva AFL se enfocó en proteger y la autonomía y los privilegios ya adquiridos de los gremios laborales.Durante la Primera Guerra Mundial, la AFL adoptó una política para organizar a obreros mexicanos, pero bajo distintas agrupaciones locales. El sindicato asignó a Clemente Nicasio Idar el puesto de organizador principal en Texas y el Suroeste. La AFL permaneció firme en contra de la inmigración desde México, y se procuró compartir esa posición con los representantes del Departamento de Trabajo de los EE.UU. En 1901, el sindicato nombró a Santiago Iglesias Pantín organizador sindical para Puerto Rico y Cuba, y él procuró además organizar a trabajadores latinos en la ciudad de Nueva York[8]. La AFL procuró asimismo acomodar a los cualificados trabajadores tabacaleros puertorriqueños y cubanos. Debido a problemas de discriminación, estos tabacaleros constituyeron un grupo sindical conocido como La Resistencia dentro del Sindicato Internacional de Trabajadores Tabacaleros de la AFL. Cabe recordar que muchas mujeres de Puerto Rico y Cuba trabajaban largas horas por muy baja retribución en la industria del tabaco en Tampa y Nueva York, y por ello la anarquista y feminista puertorriqueña Luisa Capetillo y otras activistas latinas exigieron que los sindicatos también las representaran a ellas.
La AFL no pudo evitar que los trabajadores latinos estableciesen sus propios sindicatos, a partir de una posición étnica y una reacción de defensa frente a la exclusión y la victimización. El activismo sindical militante de los obreros puertorriqueños y cubanos era una extensión del activismo de raíces socialistas y anarquistas visible en las islas, donde muchos de ellos ya habían sido miembros de sindicatos. De igual manera, un gran número de mexicanos trajeron con ellos experiencia sindical radical a los EE.UU. Algunos de ellos habían formado parte de la federación anarquista Del Obrero Mundial, o seguían las enseñanzas anarco-sindicalistas de Ricardo Flores Magón y su Partido Liberal Mexicano (PLM) o las de los Trabajadores Industriales del Mundo (IWW, por sus siglas en inglés), ya fuese en su sede en México o en el nuevo grupo formado en los EE.UU. Entre 1900 y 1920, la IWW reclutó a mexicanos trabajando en minas, ferrocarriles, construcción y agricultura en todo el Suroeste, y estos trabajadores llegaron a tomar la iniciativa en muchas de las batallas sindicales de esa época. En 1910, los trabajadores mexicanos del gas en Los Ángeles, California, organizaron una huelga para lograr mejores salarios con el apoyo de la IWW. En 1917, los mineros de cobre en Jerome y Bisbee, Arizona, tomaron la misma acción en contra de la Phelps Dodge Corporation. Igualmente organizados por la IWW, los mineros tropezaron con la oposición de leyes que criminalizaban la actividad sindical, y que habían sido promulgadas en Arizona y otros estados del oeste como parte de los esfuerzos gubernamentales para romper con el poder de los sindicatos de la IWW.
Los trabajadores latinos habrían podido contribuir más al movimiento sindical de los EE.UU. a principios del siglo XX, si los sindicatos del país hubieran mostrado más interés por ellos. La integración de latinos en colectivos sindicales controlados por angloamericanos se mantuvo bajo mínimos hasta los años 30, cuando el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO, por sus siglas en inglés) ganó más adhesiones dentro del mundo sindical estadounidense. Los sindicatos de tendencia izquierdista en el CIO promovieron genuinamente la igualdad racial, apoyaron los derechos civiles y dieron la bienvenida a los trabajadores latinos y latinas.
Trabajadores latinos en la Gran Depresión
La crisis económica de la Gran Depresión resultó devastadora para los obreros latinos. La fortaleza sindical entre los tabacaleros cubanos en Florida declinó a medida que las factorías de cigarros incorporaban máquinas automáticas para confeccionarlos operadas por mujeres, y que La Habana recuperaban su primacía como el centro de elaboración de cigarros. Los trabajadores cubanos de este sector comenzaron a abandonar Ybor City y salir hacia La Habana, Nueva York y cualquier otro lugar para encontrar trabajo. Aquellos que permanecieron forzaron una huelga general en 1931 organizada por el Sindicato de Trabajadores Industriales del Tabaco, que al final resultó de nuevo brutalmente reprimida. En Nueva York, a pesar de la alta representación de los mercados textil y de confección, uno de cada tres trabajadores puertorriqueños no podía hallar trabajo a causa de los prejuicios y de la competición por puestos de servicio doméstico. Por ello, muchos puertorriqueños se vieron en la obligación de regresar a su isla de origen[9].La legislación laboral del Nuevo Trato impulsado por el presidente Roosevelt, que incluía la Ley Wagner de 1935, expandió la visibilidad de trabajadores latinos como Bert Corona, del Sindicato Internacional de Estibadores y Almacenes (ILWU, por sus siglas en inglés) y de mujeres latinas en el Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección (ILGWU, por sus siglas en inglés), todos ellos participando y construyendo el movimiento sindical estadounidense. Los latinos se adhirieron a sindicatos afiliados al CIO como el ILWU, la Unión de Trabajadores Automotrices (UAW, por sus siglas en inglés) y el Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos (USWA, por sus siglas en inglés), todos ellos dispuestos a admitir como miembros a personas de cualquier raza o etnia[10].
Las mujeres latinas desempeñaron un rol prominente en la escena sindical de los años 30, entre otras cosas al reconocer que compartían intereses mutuos con sus compañeros varones en el empeño por conseguir mejores salarios, condiciones laborales y derechos civiles. Sin duda, las latinas se mostraban tan unidas como los latinos y ejercían la misma influencia. En San Antonio, Texas, organizadoras sindicales como Emma Tenayuca y María Solís Sager instigaron a los trabajadores hispanohablantes a declararse en huelga. Como veterana del paro de 1933 por parte de las obreras tabacaleras, Emma Tenayuca ayudó a crear dos agrupaciones del ILGWU y lideró manifestaciones y huelgas en favor de la asistencia a trabajadores en relación con el Nuevo Trato y del derecho de los trabajadores mexicanos a afiliarse a sindicatos sin temor a la deportación. Tras unirse al Partido Comunista en 1937, Emma Tenayuca desempeñó una función clave en la huelga de los desgranadores de nueces el año siguiente. También en 1937, Guadalupe (Lupe) Marshall fue especialmente activa en el desarrollo del movimiento sindical en la ciudad de Chicago. En concreto, Lupe Marshall lideró y participó en las manifestaciones de los huelguistas en la planta de Republic Steel durante la infame “Masacre del Memorial Day”[11].
El Frente Popular (1935-1939) fue un movimiento social y político que mostró fortaleza a través del lenguaje sindical y el recién establecido Congreso de Organizaciones Sindicales. La política abierta del Frente Popular hacia las minorías étnicas y raciales proporcionó a los obreros latinos una avenida para exigir derechos civiles. En lo esencial, el Frente Popular representó un momento en que los derechos laborales equivalían a los derechos civiles.
Las actividades del Frente Popular ocuparon los esfuerzos de los trabajadores latinos, como por ejemplo al crear en 1939 El Congreso del Pueblo de Habla Española, una organización de derechos civiles y laborales en Los Ángeles. Los latinos también mostraron mucha actividad en relación con la Guerra Civil en España. En San Antonio, Los Ángeles y Chicago, mexicano-americanos recolectaron dinero y suministros, tal como hicieron los puertorriqueños en Nueva York, quienes además realizaron masivas manifestaciones para protestar por los bombardeos de Madrid en 1936. En Ybor City, cubano-americanos de la Alianza de Trabajadores de América y el Comité del Frente Popular participaron también activamente en temas de carácter local, nacional e internacional[12].
Organización de los trabajadores latinos durante la Segunda Guerra Mundial
Durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial, los obreros latinos alcanzaron sus mayores éxitos con respecto a salarios y condiciones laborales. Sobre todo, esto resultó de la necesidad que los EE.UU. tenía de trabajadores y la intervención directa del gobierno federal en momentos de emergencia en tiempo de guerra[13]. Líderes sindicales mexico-americanos en colaboración con el Sindicato Internacional de Mineros, Fresadores y Fundidores (Mine Mill) lograron terminar con el explotador sistema de doble escala salarial en las minas. En California, Bert Corona alcanzó beneficios para los mexicano-americanos en el ILWU, y Luisa Moreno, vicepresidenta del CIO obtuvo mejoras salariales para los trabajadores en el sector de conservas por medio del Sindicato de Trabajadores Conserveros, Agrícolas y Empacadores Unidos de América (UCAPAWA, por sus siglas en inglés). En la costa Este, el personal puertorriqueño en el Sindicato Marítimo Nacional, el Sindicato de Trabajadores de Panaderías y Pastelerías y, en Florida, los cubano-americanos en el Sindicato International de Trabajadores del Tabaco (CMIU, por sus siglas en inglés), el Sindicato Internacional de Peones de Albañil y el Sindicato de Trabajadores de la Construcción también consiguieron otros éxitos.La Segunda Guerra Mundial dio pie a mayores oportunidades para las mujeres latinas que fueron contratadas en la industria bélica. Mujeres mexicano-americanas en el sur de California entraron a trabajar en las fábricas de aviones y los astilleros, mientras que sus iguales en el Medio Oeste lo hicieron en factorías de municiones, plantas de empaque y ferrocarriles. En la ciudad de Nueva York, costureras puertorriqueñas confeccionaron chalecos salvavidas y camisas para soldados, y en Tampa, mujeres cubano-americanas pudieron trabajar en los astilleros. Hacia finales de la guerra, las latinas disfrutaban de buenas pagas, aunque muchos de los empleos que ellas ejercían no eran muy populares y los perderían tan pronto terminó la guerra[14].
En 1942, México y los EE.UU. acordaron establecer el Programa Bracero, para reclutar y contratar trabajadores mexicanos. Bajo el Programa Laboral Agrícola Mexicano y el Acuerdo Laboral Mexicano, aproximadamente 4,2 millones de trabajadores temporales entraron en los EE.UU. desde 1942 hasta 1964, en su mayoría para ocupar puestos en la industria agrícola, y algunos otros en el mantenimiento y reparación de equipos ferroviarios. Por un lado, el Programa Bracero institucionalizó las anteriores migraciones mexicanas, y por el otro estimuló la llegada de personas sin permiso legal, y ambas opciones se alternaron en distintas ocasiones durante esos años[15]. Al mismo tiempo, la migración de puertorriqueños y cubanos aumentó sustancialmente. Con respecto al primer grupo, el programa de industrialización “Operación Manos a la Obra” en Puerto Rico desplazó a muchos trabajadores, con una salida anual de más de 18000 emigrantes para ocupar puestos temporales en los EE.UU. La emigración puertorriqueña hacia el continente se dispersó entre los puntos más habituales en el Noreste y otros nuevos espacios como Lorain y Cleveland en Ohio, Gary en Indiana, Chicago en Illinois, Pontiac en Michigan, por mencionar solamente algunos[16].
La política migratoria estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial se definió mayormente por la Guerra Fría, y muchos refugiados llegaron a los EE.UU. de países que habían quedado bajo la influencia soviética, como Cuba. Gracias al Programa de Refugiados Cubanos, 300000 refugiados de este país fueron reubicados en distintas partes de los EE.UU. para aliviar el impacto en Miami y el sur de Florida, zonas más próximas a la isla cubana. Muchos de los recién llegados obtuvieron trabajos en hoteles, talleres de confección, fábricas de muebles y otros accesorios domésticos, restaurantes y minoristas. Las mujeres rápidamente ocuparon 75% de la fuerza laboral en la industria de la confección en Miami, y muchas de ellas eran miembros de la agrupación local 415 del ILGWU. Tras llegar de El Salvador en los años 50, Kathy Andrade alternó primero labores como costurera y organizadora en Miami. Al trasladarse a Nueva York, se convirtió en la directora del Departamento de Educación de la agrupación 23-25 del ILGWU, donde desarrolló programas educativos y culturales bilingües para una membresía mayormente latina. Asimismo, Andrade se mostró activa en el Comité Laboral Hispano, una organización que pronto incluiría a 150 representantes sindicales hispanohablantes de grupos afiliados a la AFL-CIO, los Teamsters, la UAW y, más adelante, el Consejo Sindical para el Avance del Trabajador Latinoamericano (LCLAA, por sus siglas en inglés)[17].
Trabajadores latinos en los años de la postguerra
La Ley Taft-Harley de 1947 puso trabas a la capacidad organizativa de los sindicatos al debilitar la influencia de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y hostigar a los activistas sindicales progresistas. Estas actitudes señalan lo que después se convirtió en el anti-comunismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que creó listas negras, despidos masivos y, en 1949, la decisión de purgar comunistas de todos los rangos del CIO. Todo esto no disuadió a los obreros latinos de la defensa de sus derechos. Así, en octubre de 1950, los miembros principalmente mexicano-americanos de la agrupación Mine Mill Local 890 en el sureste de Nuevo México se declararon en huelga durante 15 meses contra la Empire Zinc Company. Esta huelga, conocida como “Sal de la Tierra”, se hizo pública en el contexto de la Guerra Fría, cuando la cuestión del comunismo resultaba omnipresente. De hecho, el sindicato Mine Mill fue expulsado del CIO por la influencia comunista entre sus miembros, hasta que en enero de 1952, las dos partes llegaron a un acuerdo. El sindicalismo latino se convirtió en parte de una campaña más amplia por los derechos civiles en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial gracias a que los obreros latinos continuaron demandando justicia sindical a través de distintas organizaciones. A pesar del denominado Temor Rojo (Red Scare), los trabajadores latinos participaron plenamente en los partidos políticos. Así, apoyaron la Organización de Servicio a la Comunidad y se unieron a la campaña del Partido Progresista Independiente de Henry A. Wallace. Muchos latinos luchando por la igualdad racial y social se vieron sometidos a investigaciones gubernamentales. En Nueva York, la Comisión de la Cámara de Representantes sobre Actividades Antiamericana (HUAC, por sus siglas en inglés) investigó a Jesús Colón, activista sindical, defensor de los derechos civiles y columnista del Daily Worker. En Florida, Mario Azpeitia, vicepresidente del CMIU, firmó una declaración auspiciada por el Congreso de los Derechos Civiles en protesta por los ataques a las libertades civiles y fue investigado también por el HUAC[18].El negocio de la agricultura era el doble de productivo como industria, y constituía un poderoso oponente para las formaciones sindicales. En 1946, la AFL oficializó la Unión Nacional de Campesinos (NFLU, por sus siglas en inglés), liderada por Ernesto Galarza, para organizar a los trabajadores agrícolas. La NFLU se enfrentó a la Di Giorgio Fruit Corporation, que llegó a romper la huelga por medio de sheriffs locales y amenazas. Tres años más tarde, en 1949, la NFLU llevó a 20000 recolectores de algodón a una exitosa huelga para evitar recortes salariales. Uno de esos recolectores era Cesar Chavez, el futuro líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas. En la ciudad de Nueva York, los trabajadores puertorriqueños estaban bien representados en muchas empresas, y 51% del total de personas en edad laboral eran miembros de sindicatos en hoteles, restaurantes, lavanderías, edificios y otros contextos ligados a los servicios. En 1959, dos tercios de los hogares hispanohablantes en Nueva York contaban con al menos una persona que formaba parte de un sindicato[19].
En los años 60, el movimiento de derechos civiles y la Guerra de Vietnam contribuyeron a radicalizar a los trabajadores latinos, y muchos de ellos alcanzaron puestos visibles en los sindicatos nacionales. En 1962, Henry L. Lacayo, veterano activista en favor de los derechos laborales y civiles en la empresa North American Aviation, ubicada en Inglewood, California, fue elegido presidente de la agrupación sindical local 885 de la UAW, la mayor al oeste del río Mississippi. En 1963, Lacayo asistió a la “Marcha a Washington por el Trabajo y la Libertad” del Dr. Martin Luther King Jr., y en 1974 Lacayo se convirtió en el director nacional del departamento político y legislativo de la UAW. En 1965, los trabajadores agrícolas, encabezados por Cesar Chavez y Dolores Huerta y organizados como Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, consiguieron reconocimiento oficial en 1970 por medio de marchas, actividades comunitarias, boicots y resistencia no violenta. Este activismo sindical inspiró a otros grupos en el valle del Río Grande, Texas, y en el Medio Oeste, donde el Comité De Organización Sindical Agrícola (FLOC, por sus siglas en inglés) firmó 22 contratos bajo el liderato de Baldemar Velásquez. En 1968, bajo los auspicios de la UAW, 14 sindicatos formaron la Comunidad Sindical de East Los Angeles (TELACU, por sus siglas en inglés). La TELACU aplicó técnicas de organización sindical a la vivienda y desarrollo urbano. El presidente de la UAW, Walter Reuther, designó como responsable de organizar TELACU a Esteban Torres, quien entonces era representante de UAW en la Oficina Inter-Americana para Asuntos del Caribe y Latinoamérica. En 1971, el activista sindical cubano-americano Joaquin Otero, del Sindicato de Transportes y Comunicaciones (TCU, por sus siglas en inglés), fue elegido vicepresidente internacional de ese sindicato.
A causa de la discriminación hacia sindicatos y empleados en Nueva York, el Comité Consultivo Laboral para Asuntos de Puerto Rico, más tarde conocido como el Consejo Sindical de Nueva York, alentó a grupos afiliados a que movilizasen a sus miembros puertorriqueños para que se sindicaran[20], como en el caso de la agrupación local 1199 de trabajadores en hospitales. Puertorriqueños en la Asociación de Sindicalistas Católicos del Comercio, grupos de acción comunitaria en los barrios y otras organizaciones hablaron en nombre de los trabajadores latinos. En 1967, María Portalatín lideró una campaña para hacer que los para-profesionales ingresaran en la Federación Unida de Maestros (UFT, por sus siglas en inglés), un sindicato que había intentado limitar la creciente fuerza electoral de la comunidad puertorriqueña. En su primer contrato bajo los auspicios de la UFT, los para-profesionales lograron incrementos salariales y un programa de desarrollo profesional. Portalatín se convirtió en la presidente de la UFT, miembro del consejo de la NYSUT y vicepresidenta de la Federación Estadounidense de Maestros. La fortaleza de los trabajadores puertorriqueños y, en general, latinos resultó finalmente reconocida en 1970, cuando el Consejo Laboral Central de la ciudad de Nueva York hizo oficial el Comité Sindical Hispánico, una organización de representantes sindicales hispanohablantes[21].
Trabajadores latinos en los años 70, 80 y 90
Durante la década de los 70, la población hispanohablante de los EE.UU. creció casi el doble, desde 4,5 a 8,7 millones de personas, entre ellas cerca de 1,1 millón de mexicanos sin documentos legales. En esos tiempos, las empresas adoptaron una posición confrontacional ante los sindicatos, no sólo presionando para reducir los sueldos sindicales, sino también esforzándose para terminar con los sindicatos en general. Los trabajadores latinos no desfallecieron bajo este asalto por parte de los empresarios. En 1972, 2000 obreras mexicano-americanas y mexicanas del Sindicato de Trabajadores de Confección Unidos en la compañía Farah Pants de El Paso, Texas, pasaron dos años en huelga en protesta por los bajos salarios, los precarios beneficios y el trato injusto de los gerentes. El paro en Farah Pants recibió un apoyo a nivel nacional y dio pie a un exitoso boicot entre clientes de productos de esa empresa. En 1975, la Unión de Campesinos Unidos (UFW, por sus siglas en inglés) logró que se promulgase la Ley de Relaciones Laborales Agrícolas (ALRA, por sus siglas en inglés), que entre otros avances permitía el voto secreto en elecciones para que los trabajadores agrícolas pudieran escoger a sus representantes. Frente a diversas prácticas discriminatorias, los trabajadores latinos en Golden, Colorado, abandonaron la fábrica de cervezas Coors el 5 de abril de 1977. En representación de los empleados, el Sindicato de Trabajadores de Cerveceras acusó a Coors de discriminación y acoso sindical. Con el fin de respaldar a los trabajadores, se organizaron el Boicot a Coors y la Coalición en Apoyo a la Huelga de Colorado. Ese boicot duró hasta 1987, cuando se llegó a un acuerdo entre la empresa cervecera y sus empleados[22].El hecho de que los trabajadores latinos no hayan alcanzado nunca auténtico poder en el seno del movimiento sindical constituyó uno de los aspectos clave que llevaron a la formación del movimiento asambleario latino. En abril de 1973, se reunió en Albuquerque, Nuevo México, un grupo de sindicalistas latinos representando a 10 sindicatos internacionales y 3 federaciones estatales con el fin de crear el Consejo Sindical para el Avance del Trabajador Latinoamericano (LCLAA, por sus siglas en inglés). Los líderes del LCLAA, como la cubana-americana Anita Cofino de Florida, colaboraron con otras organizaciones sindicales para alentar la información e inscripción electoral entre los trabajadores latinos, apoyaron diversas políticas y legislaciones de carácter económico y social para promover los intereses mutuos de los trabajadores y los grupos sindicales, y reivindicaron tanto igualdad de retribución y beneficios, como la protección sindical para los empleados latinos[23].
En los años 80, el declive económico estadounidense afectó gravemente al colectivo laboral latino. Así, la emigración puertorriqueña de la postguerra hacia el Noreste coincidió con el acusado descenso de empleos manufactureros de esa época. La ciudad de Nueva York acusó la mayor caída de este tipo de trabajos, desde cerca de un millón en los 50 a unos 380000 en 1987. El descenso más agudo tuvo lugar en la industria textil, que vio como docenas de compañías se reubicaron en regiones con menores costos o simplemente se trasladaron al extranjero a fin de conseguir mano de obra más barata[24]. La continua reestructuración e integración de México con el Suroeste impactó seriamente las posibilidades de los trabajadores latinos en esta región. En la década de los 80, México padecía la peor crisis desde la Gran Depresión y, combinado con una enorme deuda externa y altas tasas de natalidad, se encontraba con un índice de desempleo de 50% en unos momentos en que la fuerza laboral mexicana crecía cuatro veces más rápido que la de los EE.UU. Por su parte, el sur de Florida veía como en 1980 otros 140000 cubanos arribaban al estado por medio del Éxodo del Mariel, lo que supuso un incremento de 7% en la población activa de Miami para ocupaciones laborales poco cualificadas. Tras el Éxodo, esta ciudad recibió grandes cantidades de nicaragüenses y otros centroamericanos, un colectivo de trabajadores que creció en 61% en esa área metropolitana[25].
Hacia 1988, uno de cada nueve latinos en los Estados Unidos procedía de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Casi un cuarto de millón de centroamericanos emigraron a los EE.UU. con destino a Los Ángeles, Washington, DC, y la ciudad de Nueva York. Muchos salvadoreños y guatemaltecos llegaban sin documentos de residencia legal porque no eran reconocidos como refugiados políticos, sino como emigrantes económicos. Muchos centroamericanos habían sido activistas sindicales o políticos en sus países de origen, y en los EE.UU. participaron en la UFW y en el Centro de Acción Social-Hermandad General de Trabajadores (CASA). Más importante aún, los miembros de estas organizaciones de inmigrantes y obreros desempeñaron un papel muy visible en la campaña Justicia para el Personal de Limpieza, en los esfuerzos del Sindicato de Empleados Textiles, Industriales y de Costura (UNITE, por sus siglas en inglés) para organizarse en el sector textil, y en las actividades del Sindicato de Empleados Hoteleros y Empleados de Restaurantes (HERE, por sus siglas en inglés)[26].
En 1986, el Congreso aprobó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés), que regulaba el estatus de los inmigrantes indocumentados y penalizaba a las empresas que contrataban a este tipo de trabajadores. La ley estipulaba que las personas sin documentos que habían residido en los EE.UU. ininterrumpidamente desde el 31 de diciembre de 1981, podrían solicitar una amnistía. Entre 1989 y 1992, unos 2,6 millones de personas lograron la residencia permanente a través de IRCA, y con ello recomponer los núcleos familiares con parientes traídos de los países de origen. En este momento, el número de latinos en la población activa nacional ascendió en 48% y comenzó a sustituir a los angloamericanos como eje de la fuerza laboral estadounidense. Cerca de 2,3 millones de latinos se integraron en esta población activa, hasta representar una quinta parte del incremento total de puestos de trabajo en la nación. De todos los empleados latinos, 5,3% eran miembros de organizaciones sindicales. Los latinos ocuparon puestos con bajos salarios en empresas manufactureras, construcción, hoteles, trabajo doméstico, restaurantes y otros ámbitos del sector de servicios, generalmente sin protección sindical ni beneficios laborales. De igual modo, los trabajadores latinos continuaron padeciendo discriminación racial. En 1989, el Departamento de Organización de la AFL-CIO fundó la Asociación de Trabajadores Inmigrantes de California (CIWA, por sus siglas en inglés). Con unos 6000 miembros considerados latinos, los objetivos principales de la CIWA consistían de empoderar a la comunidad latina por medio de negociaciones colectivas y la defensa de los derechos humanos y civiles[27].
Al apreciar los beneficios de la sindicalización, los trabajadores latinos lucharon por sus derechos laborales. En 1980, los miembros latinos de la agrupación HERE Local 2, con 17000 socios en San Francisco, organizaron Latinos Unidos para secundar un paro hotelero. Miguel Contreras, director de personal de HERE Local 2, ayudó a coordinar la acción, que duró 27 días, dio pie a un notable aumento de salarios y beneficios y representó para Contreras ser nombrado representante internacional de HERE.
Entre junio de 1983 y diciembre de 1985 en el sur de Arizona, tuvo lugar una huelga en contra de la Phelps Dodge Copper Corporation por parte de mineros de cobre y fundidores mexico-americanos para enfrentarse a reducciones de beneficios y sueldos y una disolución del sindicato. Las mujeres desempeñaron un importante papel para mantener la huelga por medio de piquetes, grupos de apoyo y la defensa de sus derechos incluso cuando la Guardia Nacional de Arizona asumió el control de las localidades mineras. Trabajadoras latinas en el sector de alimentos congelados mantuvieron piquetes activos en Watsonville, California. En septiembre de 1985, el Sindicato Democrático de Camioneros (TDU, por sus siglas en inglés) organizó a 1500 trabajadoras conserveras latinas que se declararon en huelga en las dos empresas de alimentos congelados más grandes en los EE.UU., Watsonville Canning y Richard A. Shaw Frozen Foods., debido a los continuos recortes salariales. Ante el acoso por medio de requerimientos judiciales y las confrontaciones policiales, esta huelga llegó a merecer atención a nivel nacional. Tras 19 meses de sueldos perdidos, la mitad de las huelguistas decidió regresar a su puesto laboral bajo una significativa reducción salarial.
En Nueva York, en el año 1989, Dennis Rivera, un organizador sindical de trabajadores de hospitales, fue elegido como presidente de la agrupación local 1199. Bajo su liderato, este sindicato con unos 78000 miembros se convirtió en el más fuerte de toda la ciudad, y consiguió buenos salarios, beneficios y condiciones laborales para sus integrantes. El Partido Socialista de Puerto Rico, surgido del Movimiento por la Independencia Puertorriqueña (MPI, por sus siglas en inglés), tuvo éxito al organizar una federación sindical independiente de la AFL-CIO[28].
El primer gran paso hacia delante en la recuperación sindical en California ocurrió en Los Ángeles en junio de 1990, cuando la agrupación local 399 del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés) forzó a ISS, una empresa internacional de mantenimiento de edificios, a ofrecer un contrato sindical a 6000 conserjes latinas y latinos en Century City. Conocida como la campaña Justicia para el Personal de Limpieza, esa campaña constituyó el mayor éxito de organización sindical con inmigrantes trabajando en el sector privado desde la campaña de los Trabajadores Agrícolas en los 70. A esta acción de huelga le siguió un paro de cinco meses por parte de los yeseros latinos, que detuvieron temporalmente la construcción residencial en el centro de Los Ángeles al imponer el cierre de cientos de áreas de obras. Cerca de 2400 yeseros consiguieron doblar su sueldo y se sindicaron cuando el Sindicato de Carpinteros negoció un acuerdo en su nombre. Por su parte, las mujeres latinas promovieron también avances para la causa sindical. En Los Ángeles, María Elena Durazo fue nombrada presidenta de la agrupación local 11 UNITE-HERE, y la convirtió en uno de los sindicatos más activos en el condado. En 1966, Durazo fue la primera mujer latina elegida para entrar en el Consejo Ejecutivo de HERE.
En 1992, los trabajadores latinos formaban 7,6% de la fuerza laboral estadounidense, por lo general en empleos con sueldos bajos en factorías, construcción y otros trabajos manuales. Muchos de ellos eran inmigrantes, y con sus protestas y acciones de huelga durante los años 90 para obtener mejores salarios y condiciones laborales forjaron un nuevo capítulo en la historia del movimiento sindical estadounidense. Como los sindicatos se mostraban reacios a respaldar los intereses de los trabajadores inmigrantes, los latinos buscaron apoyos dentro de su propia comunidad, y establecieron organizaciones sindicales comunitarias como, por ejemplo, centros para obreros, con el fin de luchar contra el abuso laboral, los sentimientos anti-inmigrantes y la discriminación racial. Los latinos pronto abarcaron el porcentaje más alto de nuevo inmigrantes en los estados sureños, trabajando en plantas de procesamiento avícola y cárnico, lavanderías de hoteles, zonas de construcción y explotaciones agrícolas. Ellos bregaron para lograr seguridad laboral, salarios justos y sindicalización a través de organizaciones comunitarias e iniciativas de carácter educativo auspiciadas por el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UFCW, por sus siglas en inglés), la SEIU y HERE. Por su lugar en la vanguardia del resurgente movimiento sindical en las Américas, los trabajadores latinos de los EE.UU. vincularon las demandas laborales con la justicia social y con las luchas en contra de las grandes corporaciones transnacionales en México y el resto de las Américas[29].
Para competir de modo más efectivo con Japón y el Mercado Común Europeo, los EE.UU. crearon un tratado con Canadá y México en 1994 con el nombre de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). El libre mercado por medio de NAFTA aceleró el colapso de las condiciones de vida de los trabajadores en México. En los EE.UU., NAFTA acarreó una reorganización de la fuerza laboral del país debido al influjo de trabajadores desde México hacia el creciente y poco retribuido sector de servicios, manufactura y ventas. La derecha política se esforzó por capitalizar los sentimientos anti-inmigrantes en los EE.UU. en 1994, Pete Wilson, gobernador republicano de California, dio su apoyo a la Propuesta 187, que iba a denegar los servicios públicos para inmigrantes indocumentados. La Federación de Trabajo de Los Ángeles (LACFL, por sus siglas en inglés) se unió a la campaña para vencer a la Propuesta 187 al organizar una protesta con 100000 latinos en contra de ese tipo de legislación anti-inmigratoria. Cinco años después, en el mayor esfuerzo de organización desde la Gran Depresión, la LACFL ayudó a la agrupación local 434B de la SEIU en Los Ángeles para lograr el reconocimiento sindical de 74000 trabajadores en la asistencia médica domiciliaria.
De los más de diez millones de trabajadores latinos en los EE.UU. en la década de los 90, 1,5 millones formaban parte de la AFL-CIO, es decir, una de cada diez personas. Por esta razón, los líderes sindicales latinos protestaron ante la organización por no incluir a ninguno de sus representantes en el Consejo Ejecutivo. En 1995, la reforma “Nueva Voz” de la AFL-CIO pidió que se organizasen más trabajadores de las minorías y que aumentase su presencia en los mandos directivos del sindicato. Joaquín Otero, miembro del LCLAA, fue el único latino elegido para el Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO, pero la federación nacional fracasó en su intento de incluir a más latinos en posiciones de liderato. Esto dio pie a que en 1995 la veterana sindicalista Linda Chavez-Thompson fuese elegida vicepresidenta ejecutiva de la AFL-CIO. En la convención del año siguiente, el LCLAA introdujo resoluciones con el propósito de acelerar la organización de los latinos en el movimiento sindical. Como consecuencia, la AFL-CIO dedicó recursos para sindicalizar industrias con una notable presencia de latinos, inmigrantes y otros trabajadores minoritarios. María Elena Durazo ha continuado participando activamente en la definición de la historia sindical latina reciente que, entre otras actividades, ha creado poderosos movimientos para conquistar igualdad y justicia social, política y económica para los trabajadores. En 2004, Durazo se convirtió en la vicepresidenta ejecutiva de UNITE-HERE Internacional, y en 2006 fue elegida secretaria-tesorera ejecutiva de la Federación de Trabajo de Los Ángeles, AFL-CIO[30].
La representación política basada en la figura del trabajador latino creció rápidamente. En 1997, la LACFL ofreció su apoyo a Gilbert Cedillo, gerente general de la agrupación local 660 de la SEIU, para ocupar un puesto en la Asamblea Estatal de California en representación del predominantemente latino distrito del centro de la ciudad de Los Ángeles. En 2002, Fabián Núñez, ex director político de la LACFL, ganó las elecciones para esa misma Asamblea Estatal. De vital importancia para estos éxitos políticos en favor de los sindicatos fue la creación de la Organización de los Trabajadores de Los Ángeles (OLAW, por sus siglas en inglés) por Miguel Contreras, María Elena Durazo y Eliseo Medina, vicepresidente de SEIU Internacional. La OLAW entrenó a activistas de HERE, UNITE y SEIU para llevar a cabo campañas en favor de candidatos pro-sindicatos en distritos específicos por medio de centros de llamadas, recorridos por precintos electorales y publicidad en los medios para inmigrantes. La OLAW también recibió apoyo de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, por sus siglas en inglés), CASA, la Clínica Romero (una organización salvadoreña de solidaridad con los inmigrantes) y un gran número de organizaciones nacionales mexicanas y guatemaltecas. Una actividad política similar comenzó a desarrollarse en el Medio Oeste, el Noreste y en la zona sur del estado de Florida.
La AFL-CIO y la federación sindical independiente “Cambiar para Ganar” promovieron políticas pro-inmigrantes hasta llegar a reconocer que deberían organizar a los trabajadores inmigrantes en empleos de servicio poco pagados, si realmente querían que la federación sindical nacional sobreviviese. Varios de los más grandes sindicatos internacionales –entre ellos, SEIU, UFCW y la amalgama de agrupaciones UNITE HERE en el textil, los hoteles y los restaurantes– contaban con un sustancial número de inmigrantes latinos entre sus miembros. Organizaciones sindicales latinas, grupos y consejos sindicales en asociaciones afiliadas a la AFL-CIO y centros y asociaciones de obreros inmigrantes llamaron la atención sobre los bajos salarios, la discriminación en el lugar de trabajo, el nativismo anti-inmigrante y la escasa representación en el movimiento sindical en general. El resurgimiento de la presencia obrera latina en los EE.UU. marcó un importante giro para los sindicatos, y definió la manera en que ellos se relacionaron con toda la comunidad latina en los próximos años[31].
Trabajadores latinos en la era contemporánea
En el año 2000, 32,8 millones de latinos residían en los EE.UU. y representaban 12% de la población total del país. Tres años más tarde, la población latina alcanzó los 37 millones, o 13% del total. La huelga Justicia para el Personal de Limpieza de la SEIU en 2000 presagió el amplio apoyo por los derechos de los inmigrantes que culminó en marzo y abril de 2006, cuando millones de trabajadores inmigrantes latinos en toda la nación protestaron contra las propuestas de reformas represivas para la inmigración y para exigir el derecho de trabajar y vivir en los EE.UU. con la opción de llegar a convertirse en ciudadanos de este país. Estas masivas marchas obreras constituyeron un nuevo movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos.La inmigración latina contemporánea continúa siendo la “cosecha del imperio”, resultado de intervenciones militares históricas, apoyo a los dictadores y políticas de libre mercado de los EE.UU. que han causado estragos en las Américas. Muchos países latinoamericanos luchan para cumplir con las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional sobre su enorme deuda externa, y para lidiar con los trastornos económicos asociados con la libertad de mercado. A medida que los gobiernos devalúan su moneda local y reducen gastos en educación, asistencia sanitaria y subsidios alimentarios, y a medida que las industrias locales se ven incluso más mermadas por los competidores internacionales, un mayor número de latinoamericanos tendrá que salir hacia los EE.UU. en busca de trabajo, a pesar de los grandes riesgos que implica cruzar la frontera con este país[32].
Los más de cincuenta millones de latinos en la actualidad representan cerca de 16% de la población de los Estados Unidos, la minoría más grande del país. Ellos siguen siendo una parte importante y creciente de la fuerza laboral nacional. Hay unos 19,4 millones de trabajadores latinos, que forman 12,2% de la masa trabajadora afiliada a sindicatos. Estos trabajadores, tanto hombres como mujeres, se concentran en industrias de servicios con una alta representación sindical, como la asistencia sanitaria, el gobierno, la comunicación y los transportes. Continúan presentes la discriminación y el nativismo en contra de los trabajadores latinos, quienes en el nuevo milenio han sufrido el descenso más acusado en la oferta de empleo y el debilitamiento de las protecciones sindicales. Los trabajadores indocumentados latinos son quienes padecen más; sobrerrepresentados en las tareas menos cualificadas y más peligrosas, deben enfrentarse con las tasas más altas de robo de salarios, y de accidentes y muertes laborales. Ante las políticas de mercado como NAFTA y CAFTA, y la adicción de este país a la mano de obra barata, la falta de un camino hacia la ciudadanía expone a los trabajadores indocumentados tanto a violaciones de derechos laborales, humanos y civiles, como a legislaciones anti-inmigrantes en el nivel estatal y federal. El movimiento sindical se mantiene como la fuente más importante de protección para los trabajadores indocumentados[33].
Los EE.UU. aún tienen que reconciliarse con su pasado latino. Se necesitan más sitios, monumentos o memoriales históricos nacionales para reconocer la capacidad de hacer historia por parte de los trabajadores latinos, quienes han representado un componente indispensable y altamente diversificador de la fuerza laboral estadounidense. Designar lugares hasta ahora no reconocidos para ser preservados y honrados supondría celebrar las numerosas contribuciones de los trabajadores latinos en la construcción de los Estados Unidos, y simbolizaría una expresión oficial de la integración de los latinos en la herencia de nuestra nación.
Los puntos de vista y conclusiones incluidas en este documento pertenecen a los autores, y no se deberían interpretar como representación de las opiniones o políticas del Gobierno de Estados Unidos. Ninguna mención de marcas o productos comerciales constituye su aprobación por parte del Gobierno de Estados Unidos.
[1] Hector E. Sánchez, Andrea L. Delgado, y Rosa G. Saavedra, Latino Workers in the United States 2011. Labor Council for Latin American Advancement, Washington, D.C. 2011, 9, 15; Peter Cattan, “The Diversity of Hispanics in the U.S. Work Force”, Monthly Labor Review, Vol. 116, no. 8 (Agosto 1993), 1, 13.
[2] Gregory DeFreitas, Inequality at Work: Hispanics in the US Labor Force (Nueva York: Oxford University Press, 1991), 15.
[3] DeFreitas, Inequality at Work, 15‐16.
[4] DeFreitas, Inequality at Work, 28; Virginia Sánchez‐Korrol, From Colonia to Community: History of Puerto Ricans in New York City, 1917-1948 (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1983), 20‐26. En 1920, 20% de la fuerza laboral de Puerto Rico estaba desempleada, y este alto índice continuó en los años siguientes; en 1934, cerca de 33% de los trabajadores puertorriqueños estaban sin trabajo.
[5] Sánchez‐Korrol, From Colonia to Community, 9‐20, 28‐29, 94‐95, 109; DeFreitas, Inequality at Work, 34.
[6] Gerald E. Poyo, "Cuban Communities in the United States: Toward an Overview of the 19th Century Experience", en Miren Uriarte y Jorge Canos Martínez, Cubans in the United States (Boston, MA: Center for the Study of the Cuban Community, 1984), 44‐64.
[7] Robert J. Rosenbaum, Mexicano Resistance in the Southwest: "The Sacred Right of SelfPreservation" (Austin: University of Texas Press, 1981), 124; Gerald E. Poyo, “With All, and for the Good of All": The Emergence of Popular Nationalism in the Cuban Communities of the United States, 1848-1898 (Durham: Duke University Press, 1989), 74.
[8] Eddie González y Lois S. Gray, “Puerto Ricans, Politics, and Labor Activism”, Cornell University ILR School, 1984, 118.
[9] DeFreitas, Inequality at Work, 16‐17; Sánchez‐Korrol, From Colonia to Community, 31‐32.
[10] D. H. Dinwoodie, "The Rise of the Mine‐Mill Union in Arizona Copper," en James C. Foster, editor, American Labor in the Southwest: The First One Hundred Years (Tucson: The University of Arizona Press, 1982), 46‐47.
[11] Sarah Deutsch, No Separate Refuge: Culture, Class, and Gender on an AngloHispanic Frontier in the American Southwest, 18801940 (Nueva York: Oxford University Press, 1987), 166, 173‐174.
[12] Albert Camarillo, Chicanos in California: A History of Mexican Americans in California (San Francisco: Boyd and Fraser Publishing Company, 1984), 58‐63; Sánchez‐Korrol, From Colonia to Community, 187‐190, 197‐199.
[13] Bajo la amenaza de una marcha masiva lanzada por el líder sindical afroamericano A. Philip Randolph en 1941, el presidente Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 8802 para terminar con la discriminación en la contratación federal y con las empresas con contratos gubernamentales de defensa, y creó un Comité para las Prácticas Laborales Justas (FEPC, por sus siglas en inglés) para investigar quejas de discriminación racial.
[14] Nelson Lichtenstein, Labor's War At Home: The CIO in World War II (Nueva York: Cambridge University Press, 1982), 111; Altagracia Ortiz, Puerto Rican Women and Work: Bridges in Transnational Labor (Filadelfia: Temple University Press, 1996), 59.
[15] En su punto más álgido en los años 50, el Programa Bracero coincidió con la Operación Espalda Mojada, un programa al estilo militar que capturó a 865318 mexicanos en 1953 y 1075168 en 1954.
[16] Sánchez‐Korrol, From Colonia to Community, 33‐36, 40, 46.
[17] González y Gray, “Puerto Ricans, Politics, and Labor Activism”, 122‐123.
[18] Después de la huelga, algunos de los cineastas de Hollywood dentro de la lista negra hicieron una película sobre ese acontecimiento, pero fue eliminada debido al sentimiento anticomunista prevalente en esos tiempos.
[19] H.L. Mitchell, "Little Known Farm Labor History, 1942‐1960", en James C. Foster, editor, American Labor in the Southwest: The First One Hundred Years (Tucson: The University of Arizona Press, 1982), 116‐118; González y Gray, “Puerto Rican Politics and Labor Activism”, 118.
[20] González y Gray, “Puerto Ricans, Politics, and Labor Activism”, 120.
[21] Sánchez Korrol, From Colonia to Community, pp. 199‐200; González y Gray, “Puerto Ricans, Politics, and Labor Activism”, 120.
[22] Nancy MacLean, Freedom Is Not Enough: The Opening of the American Workplace (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008), 177‐179. A finales de 1978, Coors empleó de nuevo a tres cuartos de los huelguistas y contrató a nuevos empleados para reemplazar al resto.
[23] González y Gray, “Puerto Ricans, Politics, and Labor Activism”, 120‐121.
[24] DeFreitas, Inequality at Work, 140, 142.
[25] Ibid., 256; Cattan, “The Diversity of Hispanics in the U.S. Work Force”, 3, 5‐7.
[26] Elizabeth G. Ferris, The Central American Refugees (Westport, Connecticut: Praeger Publishers, 1987), capítulos 2 y 7.
[27] Mike Davis, Prisoners of the American Dream. Politics and Economy in the History of the US Working Class (Nueva York: Verso Books, 1986), 227; Sánchez, Delgado y Saavedra, Latino Workers in the United States, 2011, 11.
[28] Cuando Rivera salió del Local 1199 en 2007, tenía cerca de 300000 miembros.
[29] Cattan, “The Diversity of Hispanics in the U.S. Work Force”, 9, 12.
[30] Kim Moody, Workers in a Lean World: Unions in the International Economy (Nueva York: Verso, 1997), 161.
[31] Ruben G. Rumbaut, "Origins and Destinies: Immigration, Race, and Ethnicity in Contemporary America”, en Sylvia Pedraza Bailey and Ruben G. Rumbaut, eds., Origins and Destinies: Immigration, Race and Ethnicity in America (Nueva York: Wadsworth Publishing, 1996), 39‐40.
[32] Juan González, Harvest of Empire: A History of Latinos in America (Nueva York: Penguin, 2000).
[33] Sánchez, Delgado, and Saavedra, Latino Workers in the United States, 2011, 11‐12, 15.